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Hoy, 4 de diciembre de 2025, se realizará el conversatorio presidencial “Voz, voto y derechos: la discapacidad en la agenda política”. Este espacio responde a una deuda histórica con un sector sistemáticamente invisibilizado y abre una oportunidad concreta para modernizar la agenda política y avanzar hacia una democracia inclusiva.
Posicionar la discapacidad en el centro del debate electoral no es tarea menor ni un gesto simbólico, es reconocer que el acceso a salud, educación inclusiva, empleo formal, recursos productivos, vivienda adecuada, justicia, participación política, tecnologías, información accesible, transporte y espacios públicos usables por todas las personas, son asuntos de Estado. La accesibilidad y el diseño universal no son favores ni concesiones: son derechos que elevan la calidad de vida de toda la sociedad.
Hoy, las candidaturas están obligadas a presentar propuestas concretas, financiables y verificables. Ya no basta con declaraciones solidarias o promesas generales; se necesitan compromisos de política pública que puedan ser evaluados y exigidos.
Esto no se trata de visibilizar a una “minoría”. Consiste en reconocer un poder político-electoral significativo. Según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2023, el 18% de la población costarricense mayor de edad (unas 670.000 personas) vive en situación de discapacidad. Si se suman sus familias y redes de apoyo, el potencial electoral es suficiente para incidir en el resultado de las elecciones. Ningún partido serio, con aspiraciones programáticas reales, puede ignorarlo.
Reconocer este peso político también significa reafirmar la ciudadanía, eliminando barreras que históricamente siguen restringiendo la participación democrática. El carácter público y mediático del conversatorio fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, porque las propuestas directamente ofrecidas por las candidaturas presidenciales ante el país deberán ser monitoreadas por la sociedad civil, las instituciones y la comunidad internacional.
A su vez, el debate de alto nivel contribuye a transformar la narrativa sobre la discapacidad, consolidando un enfoque centrado en derechos, autonomía y no discriminación, y dejando atrás resabios de visiones únicamente asistencialistas o basadas en la deficiencia física.
La iniciativa, organizada por el Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica y respaldada decididamente por la Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas, se enmarca en los compromisos del país bajo la Ley 7600 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es, además, una invitación a replantear los modelos de intervención y avanzar hacia una gobernanza inclusiva, donde la accesibilidad universal, la vida independiente y la igualdad jurídica sean prácticas cotidianas y no expectativas de derecho.
Este ejercicio democrático también fortalece a la sociedad civil, puesto que brinda a las organizaciones de personas con discapacidad un espacio para amplificar demandas legítimas, construir alianzas estratégicas, participar activamente en el ciclo electoral e influir de manera directa en la formulación de políticas públicas de la próxima administración.
En síntesis, este debate presidencial es una herramienta política para orientar la agenda pública, consolidar compromisos realizables y avanzar hacia un Estado inclusivo.
Álvaro Mendieta es politólogo y activista de derechos humanos.
