EscucharEn los últimos años, algunos sectores han destacado avances en el sistema de transporte público en Costa Rica, como mejoras en infraestructura, inversión en nuevos vehículos y modernización. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y desafiante. El mejoramiento de las vías, en lugar de reflejar un progreso sostenido, se ha convertido en escenarios de conflictos viales, congestiones y deterioro de la infraestructura, generando caos en la movilidad urbana y rural y un impacto en la calidad de vida de los costarricenses.
Desde finales de los años 90, el sistema de transporte y la infraestructura vial han estado sometidos a las presiones derivadas, entre otros aspectos, de un proceso de globalización acelerada, como apertura de mercados, crecimiento demográfico y expansión urbana, que han puesto a prueba la capacidad del Estado para garantizar un servicio eficiente, justo y sostenible. La gestión del transporte público, las condiciones de las vías, la planificación urbana y la administración del sistema muestran signos de desgaste, ineficiencia y desigualdad. La falta de una gestión integral, mantenimiento adecuado y coordinación entre instituciones es una realidad.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) desempeña un papel central en la rectoría y gestión del sector, y su fortalecimiento es decisivo como catalizador de las soluciones necesarias. Para mejorar el sistema, se requiere adoptar un modelo de gestión colaborativa, transparente y participativo, que incluya innovación y planificación a largo plazo, promoviendo la sostenibilidad social, ambiental y económica, debido a que la calidad de vida de los costarricenses está estrechamente vinculada a un transporte eficiente y accesible.
A pesar de los avances en infraestructura vial y los intentos de sectorización en rutas de transporte, los beneficios se ven limitados. Una de las razones es la dispersión de responsabilidades entre diferentes instituciones, lo que complica aún más la gestión. Por ello, la fórmula debe ser el fortalecimiento de la institucionalidad del sector, promoviendo una cultura basada en derechos humanos y sostenibilidad, con un liderazgo estatal que coordine acciones entre diferentes actores y priorice las necesidades sociales.
Acciones urgentes
El sector transporte requiere acciones urgentes, como la adopción de energías limpias (electricidad y biocombustibles), la sectorización de rutas para optimizar recursos, la implementación de trenes urbanos subsidiados en zonas metropolitanas, así como subsidios para rutas rurales, buscando conectividad e inclusión social. Estas iniciativas deben ser articuladas mediante una visión de país, con una coordinación interinstitucional efectiva y participación de la sociedad civil.
Asimismo, la regulación del sistema de transporte debe evolucionar en consonancia con estos cambios de paradigma. Es indispensable desarrollar una normativa integral, que trascienda lo meramente económico y legal, enfocándose en la dimensión social. Un sistema regulatorio sobre la base de una normativa integral que considere aspectos sociales y ambientales, con modelos tarifarios flexibles y requisitos claros para los prestadores del servicio, sin que este se comprometa, ni la sostenibilidad financiera. Es vital promover la calidad del servicio, sumar tecnologías para mejorar la seguridad y comodidad, e incorporar subsidios que protejan a los sectores vulnerables, promoviendo la equidad en el acceso.
El Estado debe actuar como rector, centrando sus esfuerzos en el bienestar social, protección ambiental y desarrollo económico, promoviendo la participación ciudadana en decisiones y fiscalización. Las personas usuarias son sujetos de derechos, y el Estado tiene la responsabilidad de ofrecer un servicio eficiente, seguro y digno para todos. La tecnología juega un papel clave, pues permite obtener información en tiempo real, sistemas de pago electrónicos y vehículos eléctricos, facilitando una movilidad más sostenible y reduciendo emisiones contaminantes.
La modernización del sistema de transporte es una obligación y una oportunidad para impulsar el desarrollo, proteger el medio ambiente y fortalecer la cohesión social, asegurando un transporte digno, seguro y sostenible para las personas usuarias.
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Jorge Luis Sanarrucia Aragón es abogado y economista. Se desempeña como consejero del usuario en Aresep.
