Hace casi 28 años, en febrero de 1988, con la memoria fresca de los acuerdos de paz de Esquipulas y el Premio Nobel de la Paz, en el marco de la XVII Asamblea General de la UICN en San José, en nombre del Gobierno de Costa Rica como ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas, me tocó firmar un acuerdo de cooperación con Nicaragua sobre el manejo compartido de la cuenca del río San Juan.
Dicho acuerdo fue denominado Sistema de Áreas Protegidas para la Paz (Siapaz).
Este acuerdo recibió el beneplácito de la comunidad internacional y obtuvimos importantes ofertas de cooperación por parte de donantes. Vale resaltar, por ejemplo, el papel de la propia primera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland, quien personalmente apoyó el esfuerzo y asignó recursos financieros para su ejecución.
Al notar que el proyecto no avanzaba, la primera ministra noruega me pidió reunirme con ella y envió a su embajador a Nicaragua a ver qué sucedía. El diplomático le informó que el comandante Jaime Wheelock, entonces ministro de Agricultura, había enviado el acuerdo a una comisión legal de la Cancillería para ver si afectaba los derechos de Nicaragua sobre el río. Esa fue la manera elegante de matar un buen proyecto que, hasta hoy, duerme el sueño de los justos.
Creo que ante las decisiones recientes de la Corte Internacional de Justicia, y ante la instancia de autoridades morales, como el papa Francisco, y políticas, como la primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, es oportuno y urgente retomar la cooperación con Nicaragua en el manejo compartido y sostenible de la cuenca del río San Juan y los valiosos ecosistemas que alberga.
La propia Corte otorga un plazo de un año para que los países se pongan de acuerdo sobre la cuestión de los daños, lo cual requiere una evaluación científica y económica muy seria.
Pero la cooperación debe ir mucho más allá de los daños y sentar las bases de una política de manejo sostenible con objetivos a largo plazo. Para lograr esto, es imprescindible integrar a las comunidades académicas y conservacionistas de ambos países, así como a las poblaciones de la zona, que podrían beneficiarse considerablemente del desarrollo del ecoturismo.
Paso adelante. Ha llegado el momento de movernos más allá del espectáculo mediático del siempre confuso Edén Pastora, quien –con la autorización de Ortega–, ha tratado de convertir el conflicto en una tragicomedia y ha utilizado el dragado como mampara para ocultar sus intenciones.
El tiempo ha demostrado que lo que se quería, usando como excusa el error de los mapas de Google, era cercenar un pedazo de la isla Portillos y declararlo territorio nicaragüense para obtener una ventaja en la negociación de la aún indefinida frontera marina del Caribe.
Estos territorios son parte de las áreas que Nicaragua ha puesto en oferta para exploración petrolera.
Ahora, con el tema de Calero claramente definido, podemos enfocarnos en los verdaderos problema de la cuenca, de la contaminación y los desechos que se vierten en ella, del manejo de las riquísimas áreas protegidas que alberga, de las necesidades de las poblaciones y el potencial del ecoturismo para ambos países. Ese es el verdadero reto que debemos enfrentar conjuntamente.
El autor fue ministro de Ambiente.