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En Costa Rica, la competencia económica rara vez ocupa un lugar central en el debate público. Cuando aparece, suele hacerlo de forma dispersa, sectorial o diluida bajo el concepto de “competitividad”. Sin embargo, la experiencia internacional y la evidencia empírica son claras: la política de competencia es un pilar fundamental del desarrollo económico, estrechamente vinculada con la productividad, la innovación y el crecimiento inclusivo.
Los países que logran sostener mayores niveles de productividad son aquellos donde las empresas enfrentan presión competitiva real. La competencia obliga a innovar, a mejorar procesos productivos, a reducir costos y a ofrecer mejores precios y calidad. En mercados con libre entrada y salida, las empresas menos eficientes tienden a ser desplazadas por aquellas que utilizan mejor el capital y el trabajo, lo que eleva la productividad promedio de la economía.
En contraste, mercados cerrados o protegidos por barreras legales generan rentas, perpetúan ineficiencias y frenan la adopción de nuevas tecnologías. No es casual que Costa Rica mantenga brechas importantes de ingreso y productividad frente al promedio de la OCDE, asociadas a regulaciones restrictivas, elevadas barreras a la entrada y una fuerte presencia estatal en sectores estratégicos, como lo evidencia el indicador de Regulación del Mercado de Productos (PMR), que ubica al país entre los más restrictivos de la organización, especialmente en la creación de empresas y en sectores de servicios y redes (OCDE, Estudios Económicos de Costa Rica, 2025).
La competencia no solo impulsa el crecimiento; también es una herramienta poderosa de política social. Mercados más competitivos se traducen en precios más bajos en bienes y servicios esenciales, como alimentos, transporte, medicamentos, energía o telecomunicaciones, todo lo cual beneficia más que proporcionalmente a los hogares de menores ingresos. Además, facilita la entrada de nuevas empresas y emprendimientos innovadores, lo que amplía las oportunidades económicas y reduce la concentración del poder económico.
Pese a su importancia, un análisis de los planes de gobierno presentados para el periodo 2026–2030 revela una realidad preocupante: las referencias explícitas a la competencia económica son escasas o inexistentes. En la mayoría de los casos, el tema no se aborda como una política pública integral, sino que se confunde con nociones generales de competitividad o se limita a menciones sectoriales. Ello evidencia que la competencia aún no es concebida como una verdadera política de Estado.
A ello se añade la persistencia de exenciones a la aplicación de la ley de competencia y de regulaciones que restringen el acceso y funcionamiento de los mercados sin una justificación técnica clara. Estas distorsiones protegen ineficiencias y trasladan costos a consumidores y al propio Estado, lo que afecta la productividad y la innovación.
En los últimos años, la autoridad nacional de competencia ha desarrollado una intensa labor de abogacía, emitiendo opiniones y estudios de mercado en sectores clave para el costo de vida y la eficiencia económica: arroz, transporte público y plataformas digitales, medicamentos, fertilizantes, azúcar, café, honorarios profesionales, mercados financieros, contratación pública, entre otros. No obstante, muchas de estas recomendaciones no han sido acogidas ni respaldadas por el Poder Ejecutivo, pese a su sustento técnico y alineación con estándares internacionales.
A lo anterior se suma una contradicción difícil de ignorar. Si bien la ley de competencia establece un presupuesto mínimo para la autoridad, este no se ha materializado plenamente en la práctica. La autoridad opera con recursos limitados, personal insuficiente y sin herramientas clave como laboratorios forenses o capacidades avanzadas de análisis de datos.
A estas limitaciones se suma una situación institucional aún más grave. Desde diciembre de 2025, la Comisión para Promover la Competencia afronta la ausencia de nombramientos de comisionados por parte del Poder Ejecutivo, lo que ha dejado a su órgano superior sin cuórum para sesionar. Esta situación impide resolver casos de concentraciones económicas, investigar y sancionar prácticas anticompetitivas, así como emitir opiniones o estudios de mercado, con lo que se paraliza de facto la política de competencia en el país.
Costa Rica asumió compromisos claros en materia de competencia durante su proceso de adhesión a la OCDE. Cumplirlos exige algo más que reformas legales: requiere voluntad política, coherencia regulatoria y respaldo institucional efectivo.
Si Costa Rica aspira a cerrar sus brechas de productividad, innovar más y reducir la pobreza y la desigualdad, la competencia económica debe ocupar un lugar central en la agenda nacional. Esto implica incorporarla explícitamente en los planes de gobierno, eliminar exenciones injustificadas en la ley de competencia, fortalecer a la autoridad de competencia y, sobre todo, entender que sin competencia no hay productividad; sin productividad no hay crecimiento, y sin crecimiento inclusivo no hay desarrollo sostenible.
viviana.blanco@gmail.com
Viviana Blanco Barboza es economista especializada en competencia económica y regulación, y expresidenta de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).
