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Desde hace varios años, se ha venido instalando en el debate público costarricense una narrativa persistente: gobernar se ha vuelto cada vez más difícil. Se afirma que los pesos y contrapesos propios del sistema democrático, lejos de facilitar la conducción del país, se han transformado en un obstáculo.
En el centro de esta discusión aparece con frecuencia la Asamblea Legislativa, señalada como el principal freno para la acción del Poder Ejecutivo, especialmente cuando este no cuenta con una mayoría parlamentaria afín. La conclusión a la que muchos llegan parece lógica en apariencia: si el problema es la falta de mayoría, la solución sería obtener una mayoría absoluta que permita aprobar leyes sin mayores resistencias.
No obstante, esta lectura simplifica en exceso un problema que es mucho más profundo y estructural. Antes de proponer soluciones basadas en la concentración del poder, conviene detenerse a reflexionar sobre el sentido mismo de la Asamblea Legislativa y el rol que cumple dentro del diseño institucional del país.
En una democracia madura, la Asamblea no es un estorbo ni un trámite incómodo; es el espacio institucional donde se representan los distintos intereses, visiones y sensibilidades de una sociedad diversa. Costa Rica no es un sistema simple, sino un entramado complejo y consolidado en el que cualquier decisión pública –por bien intencionada que sea– genera efectos colaterales sobre otros actores. Precisamente por ello, el órgano donde se toman las decisiones debe reflejar esa diversidad, de modo que las políticas no lesionen gravemente a unos sectores en beneficio de otros, o que al menos incorporen medidas de transición y contención.
Un ejemplo ilustrativo es el de la llamada “Ruta del arroz”. La política pública favoreció claramente a los importadores, pero afectó de manera abrupta a los productores nacionales, sin un esquema gradual que les permitiera adaptarse. Más allá de la valoración puntual de esa medida, el caso evidencia lo que ocurre cuando las decisiones se toman sin un adecuado balance de intereses y sin un debate legislativo robusto que anticipe impactos y proponga salvaguardas.
El problema, por tanto, no es únicamente de números. No se resuelve aumentando o reduciendo la cantidad de diputados, ni garantizando mayorías automáticas. El verdadero desafío es la calidad de la representación. La pregunta clave debería ser: ¿qué tipo de personas estamos enviando a la Asamblea Legislativa?
En cualquier empresa u organización seria, los cargos de mayor responsabilidad estratégica se asignan a personas con sólida formación académica, experiencia comprobada y habilidades para la toma de decisiones complejas. En el ámbito político costarricense, esto no siempre ha sido la norma.
A ello se suma un fenómeno preocupante: figuras públicas que transitan de un partido político a otro con notable facilidad, el cierre de agrupaciones y la creación de nuevos partidos sin una ideología clara ni un proyecto país definido, sino más bien articulados alrededor de intereses coyunturales, del acceso a un salario o de beneficios personales asociados al cargo.
En este contexto, las curules terminan siendo ocupadas por operadores políticos, familiares, “pegabanderas” o aliados circunstanciales de financistas de campaña, cuya principal credencial es la lealtad partidaria del momento y no la capacidad técnica, la experiencia o la solvencia ética requeridas para asumir decisiones que afectan a toda la sociedad.
El resultado es conocido: diputaciones que, tras cuatro años, no impulsaron proyectos de ley relevantes, no propusieron reformas sustantivas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y, en algunos casos, pasaron prácticamente inadvertidas, sin intervenir de forma significativa en el debate parlamentario.
Este vacío de liderazgo y de aporte sustantivo es uno de los factores que alimenta el desencanto ciudadano, el clima de revanchismo social y la peligrosa idea de que la democracia estorba y que lo único necesario es “tener mayoría para gobernar”.
La reflexión debe ir más allá del Legislativo. Algo similar ocurre en el Poder Ejecutivo, en los ministerios y en las instituciones autónomas, donde la designación de jerarcas no siempre responde a criterios de idoneidad, sino a cuotas políticas y compromisos partidarios. Pretender que una mayoría automática resolverá estos problemas es confundir el síntoma con la causa.
Gobernar bien no es imponer, sino deliberar con calidad; no es concentrar poder, sino ejercerlo con responsabilidad y competencia. Si, como sociedad, no hacemos conciencia de la importancia de colocar a las personas más preparadas en los puestos de mayor incidencia estratégica, ninguna mayoría –por amplia que sea– garantizará mejores decisiones, ni un futuro más justo.
La democracia no falla cuando existen pesos y contrapesos; falla cuando renunciamos a exigir excelencia, coherencia y compromiso ético de quienes nos representan.
felbad77@gmail.com
Félix Badilla Murillo es ingeniero industrial.
