Deseo dirigirme al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, juez recto y colega de muchos años. Pero lo hago no como abogado, sino como ciudadano preocupado por mi país.
El mundo está enfrentando tiempos de cambio, algunas veces caóticos. El populismo se ha convertido en la corriente política dominante y sigue avanzando con su discurso disruptivo. Al confrontar la institucionalidad democrática, no lo hace para lograr su mejoramiento, sino su destrucción.

Costa Rica no es ajena a ese fenómeno. Algunos dirigentes políticos, ocultando la naturaleza de sus intenciones, promueven un cambio violento de las instituciones que hicieron de Costa Rica un ejemplo de democracia, paz, educación y protección a la naturaleza.
Con un discurso engañoso, que promete acabar con la corrupción y racionalizar el gasto público, recurren al absurdo de negar los logros históricos obtenidos por nuestro país, para concentrarse solo en lo negativo. Critican, pero no ofrecen soluciones viables, sino espejismos.
Como parte de esa estrategia, se recurre a la desinformación para atacar al Poder Judicial, llamado por la Constitución y la ley a asegurar la paz social y cumplir la difícil pero importante tarea de dar a cada cual lo que en derecho le corresponda.
Esa táctica solo busca acabar con el principio de la separación de poderes, politizar los tribunales y ponerlos al servicio de sus intereses.
Lamentablemente, desde hace mucho tiempo, nuestro Poder Judicial, como un todo, viene incumpliendo el principio esencial de “justicia pronta y cumplida” consagrado por la doctrina y en el artículo 41 de nuestra Constitución Política. Y eso alimenta la hoguera.
Nuestro sistema de justicia se ha convertido en una monstruosa maquinaria institucional que acusa, defiende y juzga a la vez, y es víctima, cada vez más, de la ineficiencia y la burocracia.
La lentitud de dicho sistema y una política penal obsoleta, centrada en proteger a quienes delinquen y no a las víctimas, ponen en peligro la estabilidad del país y minan la credibilidad del pueblo en sus instituciones.
Está en sus manos dirigir una pronta y efectiva transformación de nuestra justicia, que la convierta en un verdadero bastión del sistema democrático.
En sus manos y las de sus compañeros de la Corte Plena está la responsabilidad de proponer e implementar, con carácter urgente, las medidas para convertir en una realidad el principio de justicia pronta y cumplida, dando un ejemplo que salve a Costa Rica del peligro de un asalto a la justicia, como sucedió recientemente en México.
La luz de la justicia debe brillar y acallar para siempre las voces de sus enemigos. Es hora de actuar, de tomar medidas y cambiar las cosas. No es hora de formar comisiones ni entrar en discusiones, que casi siempre terminan en nada.
Estoy seguro de que ustedes están conscientes de que los tiempos que corren exigen un sacrificio y una entrega extraordinarios, para que, después de la tormenta, nuestra patria siga siendo libre, independiente e igualitaria para todos.
Luis Alberto Varela Quirós es abogado.