EscucharHace poco ocurrió una oleada de expulsiones en el vibrante mercado Liberté 6 en Dakar, eje comercial de cerca de un kilómetro y medio que ha servido a su comunidad por más de 20 años. Cientos de puestos de vendedores callejeros fueron aplanados para hacer espacio para una nueva estación de buses. Las autoridades dieron aviso previo y una indemnización para compensar por las pérdidas económicas, pero no dieron respuesta al problema real: la falta de espacio para la compraventa.
La venta callejera es una actividad económica legítima que da sustento a millones de personas y representa una gran proporción del empleo urbano en muchas grandes ciudades del sur global. Cerca de 59.000 comerciantes callejeros tienen sus puestos en Dakar y representan un 13,8 % del empleo total, mientras que en el área metropolitana de Lima lo hacen unas 450.000 personas, un 8,8 % del empleo total. Y es muy probable que estas cifras crezcan a medida que la economía vaya absorbiendo a muchos de quienes la pandemia de covid-19 dejó en el desempleo.
Es un medio de sustento que precisa de un recurso por sobre todos los demás: acceso a un espacio público concurrido, fácil de recorrer a pie, bien conectado y barato. Sin embargo, en su lugar, las autoridades de gobierno desean “despejar” las ciudades, lo que significa sacar a estos comerciantes de las calles.
En su opinión, los vendedores informales son una molestia: ensucian y desordenan calles, obstruyen la movilidad urbana y ocupan espacio precioso que se podría usar para proyectos de modernización o embellecimiento, o venderlos a constructoras bien financiadas para que los transformen en oasis de ocio para las élites urbanas.
No dar a los vendedores callejeros el espacio que necesitan es una actitud miope, en el mejor de los casos, pues las campañas de expulsión nunca arreglan el “problema”, muy a menudo no tienen más opción que buscar otros lugares donde volver a vender.
En el 2015, la Organización Internacional del Trabajo recomendó que se permita a los trabajadores de subsistencia el uso del espacio público a medida que los Estados miembros vayan desarrollando sus economías desde sus etapas informales a las formales. Y, no obstante, una y otra vez los gobiernos han puesto en práctica políticas estrechas y marcos legales que restringen el acceso.
De hecho, este patrón se ha incrustado en las estrategias de las autoridades para formalizar la economía informal, centradas principalmente en lograr el registro de los trabajadores informales para que paguen impuestos.
Podrían ofrecer importantes oportunidades, como el acceso a la protección social, financiación y formación profesional. Sin embargo, casi nunca reconocen el espacio público como un lugar de trabajo, perpetuando así el estado de las cosas. En lugar de ello, erigen complejas estructuras sobre débiles cimientos, es decir, marcos policiales y jurídicos punitivos que criminalizan el comercio informal y niegan a los más vulnerables el acceso a actividades económicas.
A menudo han quedado en promesas vacías las propuestas de reubicar a los vendedores ambulantes en mercados cubiertos, o se llevan a la práctica con poca o ninguna participación de los afectados, lo que da origen a mercados mal planificados, lejos de los ejes comerciales de la ciudad y a los que es difícil llegar. Los vendedores los rehúyen o los abandonan rápidamente, y vuelven a las calles de las que fueron desalojados.
Muy conscientes de su precariedad, los vendedores callejeros usualmente solo tienen un objetivo: vender sin el temor al acoso o la expulsión. “Sé que no nos dejan vender acá, pero tengo que alimentar a mi familia”, dijo un trabajador informal que vendía teléfonos móviles en un pequeño puesto en Guédiawaye, municipio en las afueras de Dakar, en una entrevista realizada por Wiego (Mujeres en Empleo Informal: Globalización y Organización), a la que pertenezco.
“Lo único que quiero es trabajar y poder ganarme la vida”, añadió, pidiendo que no diéramos su nombre. Señalando un pedazo de tierra vacío a otro lado de la calle, dijo “con otros comerciantes, pedimos al municipio que nos autorizara a vender allí, pero no nos respondieron”.
La Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas, adoptada en el 2016, reconoce que el espacio público puede funcionar como un verdadero lugar de trabajo y apoya medidas que permitan el mejor uso comercial posible de espacios en la calle para impulsar los mercados locales y el comercio formal e informal.
Un marco legal que garantice a los vendedores informales el acceso a este espacio debe ir de la mano de toda estrategia de formalización que se lleve a cabo. De hecho, es el prerrequisito lógico para todos los demás aspectos de la formalización, como el registro y la tributación.
Por supuesto, como recurso escaso, el espacio urbano público es un bien muy buscado, y hay muchos actores interesados que compiten por él. Pero para que su manejo sea eficiente son necesarias las opiniones de los trabajadores informales, como lo han demostrado varias iniciativas.
Por ejemplo, la Ley de Vendedores Ambulantes, promulgada en el 2014 en la India, establecía “comités de venta municipales”, formados por funcionarios del gobierno, vendedores y otros, para tomar decisiones sobre lugares de compraventa y dar seguimiento a expulsiones y reubicaciones.
En la década de los noventa, la municipalidad de Lima, desde el comienzo, hizo partícipes a los vendedores callejeros en el proceso de planificación de su reubicación para asegurarse de que tuvieran un acceso adecuado a infraestructura y clientes. Entre el 2009 y el 2011, la municipalidad de Dakar inició un diálogo con los comerciantes ambulantes acerca de su reubicación.
Son ejemplos imperfectos. La planificación inclusiva se descontinuó en Lima (aunque tuvo como resultados reubicaciones satisfactorias), así como también los diálogos de Dakar, mientras que la Ley de Vendedores Ambulantes india solo funciona en parte. Pero sus experiencias demuestran que el manejo inclusivo del espacio público sí es posible.
La distribución justa del espacio público es crucial para reconocer a los vendedores ambulantes, legalizar su acceso a un lugar de trabajo y proteger sus sustentos, lo que no ocurrirá a menos que participen (e influyan de manera significativa) en las políticas y normativas que los afectan.
Teresa Marchiori, profesora adjunta de la American University, es abogada especializada en acceso a la justicia en la organización Wiego.
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