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Un día sí y otro también, vemos cómo personas ofrecen servicios clandestinos de ingresos irregulares a zonas de protección estatal. Obvian los oferentes que, en dichas redes, además de posibles clientes, también está el control estatal en constante supervisión y atento a su combate definitivo.
Las personas contratantes se equivocan al pensar que dichas actividades son legales: hay regulación expresa que las prohíbe y sanciona. Tampoco son actividades seguras; en virtud de su clandestinidad, los sujetos organizadores de estas actividades carecen de seguros de vida, lo que impide la protección de los clientes.
Los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) son personas altamente comprometidas con el bienestar ambiental, pero se encuentran muy expuestas a distintos riesgos en el ataque de estas nuevas conformaciones de redes ilegítimas y claman por contar con más personal y capacitación y una mejor regulación legal para la realización de actividades técnicas, de campo y administrativas.
Para cumplir de modo efectivo con sus labores, el Sinac requiere un presupuesto propio para invertir en tecnología, de modo que pueda ejercer un mejor control preventivo y una vigilancia eficaz (drones, cámaras trampa, sistemas de geolocalización, sensores de movimiento, aplicaciones para teléfonos, sistemas de gestión centralizada de alertas y sistemas satelitales, entre otros).
Pero, además, en virtud de las funciones que desarrolla como policía administrativa ambiental, requiere equipo de seguridad adecuado (chalecos, armas de fuego) y vehículos, según sus necesidades de desplazamiento. Finalmente, necesita que se formen grupos multidisciplinarios para la capacitación nacional e internacional con la finalidad de atacar estas organizaciones ilícitas, identificando a los responsables y desmantelando las redes.
Reforma legal
El ingreso clandestino en zonas de protección es una preocupación latente. El Proyecto de Ley N.° 22878, que se encuentra en la Asamblea Legislativa, es el insumo legal que el Sinac requiere para la eficiencia y eficacia de sus labores.
Debe darse un alto definitivo al “turismo informal e irregular” que ofrecen personas particulares. Con dicha normativa en vigencia, se lograría la articulación pretendida entre las diversas instituciones del Estado (Sinac, Ministerio de Seguridad Pública, Organismo de Investigación Judicial, municipalidades y Ministerio Público) para desarticular estas organizaciones criminales que lucran con nuestro patrimonio nacional.
Oportunidades de mejora
No puede desconocerse que muchos turistas se sienten atraídos por la visita a zonas protegidas al amanecer o anochecer debido al espectáculo natural que ofrecen. En ese contexto, el Sinac tendrá la tarea de valorar la mejora de su oferta turística oficial, de modo que se solventen estas necesidades y que sea la propia institución la que reciba esos recursos.
Con mayor sensibilización del problema y una adecuada capacitación ciudadana sobre la necesidad de resguardar la riqueza natural, estoy seguro de que Costa Rica seguirá sobresaliendo por su correcta convivencia entre el ser humano y la naturaleza.
alfredocrc@gmail.com
Alfredo Araya Vega es abogado y juez de Apelación de Sentencia Penal.
