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El cooperativismo costarricense, cimentado en la solidaridad y la eficiencia colectiva, afronta hoy una amenaza que emana de su propio corazón institucional. El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), diseñado para ser el baluarte y motor del sector, ha mutado en una entidad errante que no solo perdió el norte, sino que ha dilapidado su brújula en una gestión administrativa que roza la negligencia patrimonial.
Lo que debería ser una cátedra de buena gobernanza es hoy un inventario de activos tóxicos y decisiones opacas. No se puede pretender guiar a un sector hacia la excelencia cuando la propia casa está sumida en un desgobierno que devora recursos públicos con una voracidad alarmante.
La erosión comienza en el balance financiero, donde la acumulación de activos improductivos derivados de bienes adjudicados se ha convertido en un lastre que drena el patrimonio institucional. Estos activos, lejos de ser gestionados con la agilidad que exige el mercado, permanecen en el olvido, generándole al Estado pérdidas crecientes por depreciación y mantenimiento.
Esta desidia se extiende a una política crediticia que parece ignorar el rigor técnico: cooperativas que reciben inyecciones de miles de millones de colones cumplen con la primera cuota para la fotografía oficial y luego se sumergen en una morosidad alarmante. Esto, a pesar de las alarmas de los entes fiscalizadores y ante la mirada pasiva de una gestión de cobro inexistente.
Con una cartera que supera los $250 millones y una morosidad real de más del 25% de su cartera, la ausencia de una administración de riesgo real no es un error de cálculo, sino una temeridad que pone en jaque la sostenibilidad de todo el ecosistema cooperativo nacional.
Esta debacle financiera es el síntoma de una enfermedad más profunda en la alta dirección. Es técnicamente imposible administrar un cuarto de billón de dólares sin las competencias financieras de alto nivel que el cargo exige, pero en el Infocoop la idoneidad parece ser un requisito opcional.
Aprovechando los vacíos históricos en la Ley de Asociaciones Cooperativas, se han consolidado nombramientos que responden a la conveniencia y no a la capacidad, amparados por una Junta Directiva que ha fallado sistemáticamente en su deber de cuidado. Al no establecer filtros técnicos rigurosos ni protocolos de resguardo para los fondos que se le confían, la cúpula de la institución ha dejado la puerta abierta a la discrecionalidad, transformando una entidad de fomento en un feudo de ineficiencia.
El desorden interno alcanza niveles inquietantes cuando se analiza el manejo del capital humano. Denuncias permanentes por acoso laboral de la alta dirección y sin respetar las prevenciones que realiza el Ministerio de Trabajo.
Resulta inaceptable que, en menos de dos años, se hayan dilapidado más de ¢600 millones en salarios para funcionarios que permanecen suspendidos en sus hogares con goce de sueldo. Esta “planilla en la sombra” no es más que un mecanismo de silencio pagado; la Dirección Ejecutiva prefiere quemar recursos públicos para mantener alejados a quienes les resultan incómodos en lugar de resolver los procesos disciplinarios con apego a la ley.
Es un uso arbitrario y caprichoso de los fondos de los contribuyentes que despoja a la institución de cualquier autoridad moral. El Infocoop ha perdido su razón de ser; cuando el supervisor requiere más supervisión que sus supervisados, la intervención de la Contraloría, la Fiscalía y el Ejecutivo deja de ser una opción para convertirse en un imperativo nacional. No se puede rescatar el sector cooperativo si primero no se sanea a quien pretende dirigirlo.
Cuando el capitán no sabe hacia dónde va, el barco está condenado al naufragio.
gcalderont2018@gmail.com
Guillermo Calderón Torres es contador público autorizado.
