Guerra entre bandas criminales

La respuesta de los oficiales fue que estaban “esperando a una muchacha”. Minutos después, dos pistoleros dispararon contra los servidores públicos y mataron en el sitio a uno e hirieron gravemente al otro. Este hecho nos deja varias enseñanzas y muchos retos.

Primero, debemos saber que la mafia organizada tomó, sin mayor esfuerzo, nuestras barriadas, vigilan todo el día y toda la noche y ordenan asesinar a quien sea extraño en el caserío, pues lo consideran un peligro para sus actividades delictivas.

Segundo, saben que la policía uniformada no contiene el crimen, de manera que ellos mismos llenan el vacío de autoridad y se afincan, como todopoderosos, en el sitio.

Tercero, el gobierno de turno, obligado a “mantener el orden y la tranquilidad de la nación, tomando las providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas”, según el inciso 6 del artículo 140 de la Constitución Pública, no lo hace y, peor aún, ni se inmuta frente a la ola de criminalidad en aumento.

El presidente dice que quien no anda en malos pasos no corre peligro. El ministro de Seguridad asegura que los crímenes están “bajando”, y debo decirle que sí, pero a la tumba.

Cuarto, el desprecio por la vida, tranquilidad y seguridad de los habitantes resulta grosera y cruel de quienes tienen obligaciones constitucionales precisas. Un líder no reparte culpas, más bien asume responsabilidades.

Quinto, se aduce que no hay recursos disponibles para dotar a los cuerpos de contención o prevención del delito. ¿Dónde están y en qué se están utilizando los millones de dólares que el ICD tiene en sus cuentas bancarias, dinero decomisado por los cuerpos policiales al crimen organizado y que, según nuestra legislación, deben entregarse a diferentes instituciones que luchan contra la delincuencia?

Sexto, me dicen que $21 millones permanecen en una cuenta del ICD en el BCR desde el 2009, del caso Liberty Reserve, por un problema de notificación a una de las involucradas de origen hondureño, que nunca apareció.

Por ello, un fiscal presentó un proyecto de reforma procedimental para vencer ese obstáculo. El resto del dinero producto de decomisos también está en cuentas generando intereses en bonos del Gobierno.

Sétimo, existen leyes específicas, como el impuesto sobre las sociedades mercantiles, el funcionamiento de casinos y las salidas del país, entre otras, que destinan porcentajes considerables a la Policía, que no se están entregando.

Al decretarse la abolición del ejército, en el artículo 12 de la Constitución Política, se ordenó que “para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias”. ¿Están cumpliendo con el mandato expresado por el constituyente? A mi juicio, el país está en deuda con la población costarricense y razones hay muchas.

Se dice que el país no cuenta con los recursos para este fin. Es una salida irresponsable, porque la muerte de un ser humano no tiene precio, debemos entonces contar con el respaldo presupuestario para los organismos encargados de la contención del crimen y también para los agentes, fiscales, defensores públicos y jueces dedicados a la represión de la delincuencia en general.

Lo anterior es razón suficiente para que el Poder Judicial exija la creación de 1.700 plazas nuevas para combatir el crimen. A quienes en el gobierno sufren cuando se les pide presupuesto para la contención y represión del crimen, debemos preguntarles cuántos muertos más necesitan para entregar el dinero que los costarricenses claman a gritos para poder vivir en paz.

El autor es abogado y exdirector del OIJ.