EscucharLa decisión del Ministerio de Comercio Exterior y del presidente de rescindir unilateralmente el convenio de cooperación que mantenía con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) para la atracción de inversión extranjera aduciendo la contención del gasto público nos tomó por sorpresa, incluso a aquellos que se muestran reacios a la velocidad con que se lleva a cabo la apertura comercial.
Resulta preocupante y constituye un golpe a la política pública más consistente que tenía el país, pues el argumento es absolutamente inverosímil.
En la triada compuesta por el Comex, Procomer y Cinde, la trayectoria de esta última es clara. Fueron más de 40 años de experiencia en los procesos de atracción de inversión extranjera directa y la mejora de clima de negocios. Su labor fue exitosa y en la ruptura se ignoraron rotundamente esas décadas de trabajo que nos llevaron a contar con la mejor agencia de promoción de la inversión a escala mundial, según el Centro de Comercio Internacional (CCI).
Los medios de comunicación y actores claves han recapitulado en extenso los efectos positivos del trabajo de Cinde en sumas monetarias de atracción de IED, en miles de empleos directos e indirectos e incluso en apoyo a cambios en la estructura productiva (nuevos sectores en función de la demanda mundial).
Los resultados son mancomunados y también reconocen la mejora en el posicionamiento internacional de Procomer. No puede, sin embargo, ocultarse el impacto negativo que la decisión gubernamental acarreará para el clima de inversión en Costa Rica, sobre todo, si tomamos en cuenta que otros países más bien están mejorando sus instituciones para competir por la IED en la región.
Si en algo fue consistente el país a lo largo de los últimos 40 años, esto era en profundizar la apertura comercial, la promoción de exportaciones y el fomento de la IED.
Si bien es cierto que se consolidó una “economía dual”, no fue por culpa de la política proactiva en materia de inserción internacional, sino como consecuencia de la falta de una política articulada para la producción nacional.
En esta materia, el país muestra una ausencia de políticas de incentivo al sector productivo interno, las cuales son urgentes y necesarias. Pero entonces corremos el riesgo de debilitar el pilar productivo que ha ayudado a mantener la economía a flote durante los últimos años y cuyo papel en época de crisis sanitaria fue determinante.
La decisión debe ser analizada con mayor cautela y reconocer los beneficios de la alianza tripartita. No debemos decir que la llegada de IED se detendrá, pero ciertamente habrá nubarrones y desconfianza de las empresas interesadas en invertir en el país.
Si por alguna razón válida había que finiquitar el convenio, debió haberse efectuado una transición adecuada, ¡pero no!, parece que tenía que ser grosero, ordinario y abrupto.
Las autoridades deben analizar su decisión desde una perspectiva de política de desarrollo costarricense, y no con vistas a ahorrar menos de ¢900 millones al año. Como país, nos urge una política productiva nacional integral y a largo plazo.
Los autores son miembros del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional.
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