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Foro: Seguridad jurídica reforzada

La Sala Constitucional rechazó una acción contra la interpretación auténtica de la ley del régimen de zonas francas

¿Cuáles son las razones por las que una empresa de inversión extranjera (IED) decide venir a instalarse en Costa Rica? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Por qué Costa Rica juega en las grandes ligas de la inversión extranjera contra grandes competidores internacionales?

Tenemos dos elementos diferenciadores: talento y seguridad jurídica. El primero, nos viene de un ingenio criollo. Las empresas extranjeras se asombran por la capacidad de análisis de los costarricenses, la eficiencia y, en definitiva, la forma como resuelven los problemas.

En los mercados mundiales, cada minuto cuenta y el talento nacional identifica problemas, propone opciones colaborativas y ofrece la solución.

La seguridad jurídica, por su parte, nos viene de una tradición de paz y estabilidad. En este país se procede conforme a la ley. Costa Rica respeta su ordenamiento, su institucionalidad y ofrece solidez y certeza a quienes vienen a invertir.

Las reglas son claras, y ello permite proyectar a largo plazo los flujos de inversión para instalar operaciones en el país que, en prácticamente todos los casos, reinvierten para convertirse en el 70 % del monto total de la inversión extranjera en suelo nacional.

Flujos constantes de IED ayudan a mantener un ingreso de divisas y estabilizar el tipo de cambio, entre muchos otros beneficios.

Zonas francas. Este conjunto de reglas está definido en la legislación que ampara el régimen de zona franca, el cual no es un cúmulo de privilegios, como algunos erróneamente lo califican, distorsionando su gran impacto social y económico.

Responde a la decisión del país de abrir su política de comercio exterior y de inversión extranjera como medio para aumentar la productividad, generar empleos para los costarricenses y, en definitiva, tener mayor bienestar. Y esos objetivos se han alcanzado con creces.

Solo el año pasado, en plena pandemia, este sector generó 20.000 empleos nuevos, la mitad de los cuales fueron ocupados por mujeres, uno de los grupos más golpeados por esta crisis.

La competencia global coloca a Costa Rica hoy en un entorno muy complejo. Los países competidores aprobaron nuevos incentivos alineados con la cuarta revolución industrial. En tanto, nuestro país aún afronta retos, como competitividad en energía, tramitomanía y democratización de la conectividad.

Aún más, es fundamental mantener actualizado nuestro sistema educativo, pues urge adecuarlo a los requerimientos de la economía del conocimiento, que ha venido a acelerarse con el efecto de la pandemia de covid-19.

Igualmente, hay mejoras en el ámbito legislativo: la aprobación de una ley que aclara un asunto que unas pocas municipalidades interpretaban en forma distinta: el cobro del impuesto territorial.

Esos ayuntamientos lo cobraban a las empresas bajo el régimen de zona franca, las cuales, en su momento, no tuvieron más remedio que pagar bajo protesta.

La aplicación errónea quedó aclarada con la interpretación auténtica de la propia Asamblea Legislativa acerca de la exoneración en lo que al impuesto territorial se refiere o, lo que es lo mismo, el impuesto sobre bienes inmuebles, que entró en vigor el 17 de junio del año pasado.

Acción rechazada. Sin embargo, días atrás, se presentó una acción de inconstitucionalidad contra la referida interpretación auténtica, que no tuvo eco ante la Sala Constitucional. Este tipo de acciones legales minan la confianza de los inversionistas, ponen en duda la seguridad jurídica y envían terribles mensajes a escala internacional.

Nuestro país, dichosamente, cuenta con una institucionalidad fuerte, robusta y sensata, y la Sala Constitucional es ejemplo de ello. No solo rechazó la acción, sino que confirmó el efecto retroactivo de la interpretación auténtica hecha por los diputados. Es decir, las municipalidades tendrán que devolver los montos pagados bajo protesta por las empresas en el régimen de zona franca.

Es así como procedemos en Costa Rica, de acuerdo con la ley, confiados en nuestra institucionalidad y fortaleciendo la seguridad jurídica.

Con este marco de legalidad, reconocemos que hay mucho margen aún por mejorar y que es nuestro deber priorizar en este aspecto.

El autor es presidente de la Junta Directiva de Cinde.