El ejercicio de la responsabilidad política por quienes ostentan altos cargos en la Administración Pública en otros países es una práctica usual asumida con rigurosidad y oportunamente, pero en el nuestro es un hecho excepcional.
Para quienes los ciudadanos han delegado el poder y otorgado la confianza mediante el voto, incluye la actividad de vigilancia que valora, entre otros aspectos, la habilidad y prudencia de los gobernantes, su mayor o menor grado de diligencia y acierto en el tratamiento de determinados problemas públicos.
Cuando la confianza concedida se pone en entredicho, se debilita o se pierde lo correcto, lo digno, lo que procede es la dimisión del funcionario o, en su defecto, la destitución.
Lo que corresponde es asumir la responsabilidad política con la convicción de que esa es la vía para recuperar la confianza perdida o restaurar una imagen desacreditada, de manera que prevalezcan los valores y principios que sustentan la democracia.
El ejercicio de tal responsabilidad es absolutamente necesario, pues su fundamento material radica en la facultad de castigar o sancionar una conducta inapropiada o la negligencia en la gestión encomendada, de imponer penas de acuerdo con las leyes o la remoción del cargo, según sea el caso.
La obligación de rendir cuentas no solo compete a los representantes por elección popular, por ejemplo, el presidente de la República, sino también a los ministros y presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas designados por este.
Mascarillas y respiradores. Las denuncias de La Nación sobre irregularidades en las compras de mascarillas y de respiradores para uso del personal de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las contradictorias e insuficientes explicaciones de su jerarca deberían ser motivo suficiente para la renuncia o la destitución.
En recientes y desacertadas declaraciones, Román Macaya intentó justificar las irregularidades reveladas trasladando la culpa a la emergencia causada por la pandemia del coronavirus.
«Este ha sido un año caótico en la logística de adquisición de equipo personal y especialmente de respiradores», argumentó.
Pero además pretende que por la baja letalidad que la covid-19 ha tenido en el país se le disculpen o disimulen tales irregularidades, como si estas no hubieran causado daño alguno a la institución.
Si su alegato es que tal éxito debe atribuirse a su gestión al frente de la CCSS y no a la solidez de nuestro sistema de salud consolidado por décadas, entonces debe aceptar también que los desaciertos son su responsabilidad.
La permanencia de Macaya en el cargo es un claro ejemplo de que en Costa Rica la responsabilidad política es una cuestión teórica que en la praxis política no es ejercida, lo cual afecta la calidad y credibilidad de nuestra democracia.
Suministro de agua y otros más. La presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) es el otro ejemplo.
A los racionamientos de agua y a los cobros desmedidos debemos sumar una buena cantidad de desaciertos en la gestión llevada a cabo por Yamileth Astorga al frente de la institución, como la condenatoria al pago de aproximadamente ¢3.800 millones debido a la pérdida de un arbitraje, la pretendida compra de 7.000 paraguas y bolas antiestrés, los gastos excesivos en tiquetes de avión y viáticos, el proyecto de modernización tecnológica por casi ¢30.000 millones en plena crisis sanitaria, los intentos por acallar a la prensa y los nombramientos irregulares.
El problema de racionamiento que sufrimos miles de ciudadanos durante casi seis meses al año es fiel reflejo de la pésima gestión de Astorga, de la falta de previsión y de la ausencia de un planeamiento para garantizar a todos los costarricenses el vital servicio.
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Pese a las contundentes evidencias de la mala gestión en ambas instituciones y a las críticas de la ciudadanía y de importantes actores políticos, ni Román Macaya ni Yamileth Astorga parecen dispuestos a asumir la responsabilidad política que les corresponde y renunciar a sus cargos, ni el presidente de la República a ejercer su potestad para destituirlos.
Por tal omisión, como ciudadanos, tenemos el derecho y el deber de exigir la responsabilidad política de nuestros representantes, puesto que en el efectivo control del poder radica la calidad de la democracia.
El autor es exembajador ante el Vaticano.