EscucharHace algún tiempo empecé a dar seguimiento a la aprobación de las leyes y encontré un gran vacío técnico, falta de análisis del entorno (cero factum, como diría la prospectiva francesa), mucha discusión acalorada de «puntos de vista», pero fundamentalmente ninguna o muy escasa visión del futuro.
¿Cómo saber que lo mejor para el país es restringir o incentivar mediante una ley una u otra actividad? ¿Cómo asegurar a las actuales y futuras generaciones que se están creando condiciones para un mañana mejor y no se están hipotecando los años venideros? ¿Cómo responsabilizar a los diputados por sus decisiones?
La gran mayoría de nuestras leyes son aprobadas sin un análisis acerca de cómo incidirán en el futuro del país o, algo también delicado, con 57 visiones diferentes.
Análisis. Con las facilidades tecnológicas que ofrecen herramientas como Google Trends, llevé a cabo un análisis del discurso en las redes sociales, motores de búsqueda de Internet y cobertura de medios de comunicación sobre qué se propone para el país en respuesta a la incertidumbre que genera la crisis actual.
La búsqueda me llevó al Congreso, al Ejecutivo, a la academia, a las empresas, a los grupos religiosos, sindicatos y una serie de movimientos sociales que aparecen en la palestra de acción colectiva en el período de marzo 20 a octubre 20.
El común denominador en los discursos es la autoproclamación de que proponen lo mejor para el país, incluso hay propuestas formales hechas públicas y tienen una «inscripción similar», que dice «lo que el país necesita o lo que el país tiene que hacer es…».
Es decir, en todos los casos, se parte de un supuesto, que existe una definición clara de cuál es el país que queremos en el futuro, de cuál es la Costa Rica del 2040 a la que aspiramos. Lamentablemente, esta imagen no se ha construido.
Entonces, ¿cómo juzgar si la propuesta de la contralora es conveniente para el futuro del país?, ¿si las de las mesas de diálogo son lo mejor para el futuro del país?, ¿cómo saber si las leyes están moldeando el país que queremos?
Para atender preguntas como estas, es necesario que se genere un espacio nacional que permita delinear el país que aspiramos los habitantes.
Asuntos esenciales. La última vez que Costa Rica hizo un ejercicio de esta naturaleza fue hace aproximadamente 75 años.
En esa construcción no se habló de detalles, sino de los asuntos esenciales que caracterizarían al ser y al Estado costarricenses.
¿De dónde vienen las iniciativas para definir el mañana? De los parlamentos. Por ejemplo, el Parlamento Europeo dio fuerza y recursos a su Comisión de Estudios del Futuro, cuya razón de ser es «utilizar el conocimiento, las técnicas, la I+D» para ampliar el análisis previo a la toma de decisiones y la formulación de leyes.
Finlandia, país faro por el manejo de la crisis pandémica, creó dentro de su Parlamento un laboratorio de ideas (think tank) de prospectiva estratégica, que, de acuerdo con la primera ministra, Sanna Mirella Marin, debe ocuparse de generar pensamiento sobre las implicaciones que tendrán en la sociedad el cambio climático, las migraciones, las pandemias y la revolución tecnológica, entre otras temáticas.
En América Latina, Colombia instauró en su Parlamento la Comisión de Prospectiva Legislativa como un ente de asesoría transversal en el proceso de creación de las leyes.
Cambios en el planeamiento. La situación que vivimos es una invitación a pensar no solo en cómo salimos de esto, sino también en qué cambios imprimir a la forma de planificar el futuro en el país.
El Congreso tiene una enorme oportunidad y responsabilidad. Por sus comisiones y miembros pasan los proyectos clave para plantear la Costa Rica del siglo XXI que nunca definimos, aunque tanto hablamos de ella: agua, energía, transporte, convivencia, recursos de uso común, paz, ética, sostenibilidad, entre otros.
Que los parlamentos sean recordados no por memes de pleitos entre los legisladores, sino por su contribución a convertirse en un espacio para reflexionar sobre el país que queremos y cómo moldear las estructuras base por medio de leyes.
El autor es docente en la UNA y la UCR.
