La incertidumbre es tanto o más determinante que los impuestos, la electricidad o el combustible cuando el desafío es la reactivación económica.
Las tasas de interés están históricamente bajas, pero nunca la colocación de crédito fue tan escasa. Quien proyectaba la adquisición de un vehículo lo reconsidera. De igual forma proceden algunas familias que pensaban comprar vivienda o quienes planeaban iniciar un negocio. No pocas empresas suspendieron proyectos de expansión o contratación de personal.
Perciben el elevado riesgo de invertir sin tener mediana certeza si el gobierno honrará sus deudas, reducirá el déficit fiscal, firmará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI ) y los proyectos de ley concatenados, o si alcanzaremos inmunidad de rebaño.
La preocupación aumenta al analizar que varios acontecimientos adversos podrían incrementar el tipo de cambio, la inflación, las tasas de interés y el desempleo a números de catástrofe. La duda mata.
Algunas fuentes de incertidumbre escapan a nuestro control. Durante meses, nos mortificó desconocer la letalidad de la covid-19, los vectores y la espera de noticias sobre la posibilidad de desarrollar una vacuna en poco tiempo; consecuentemente, si esta o estas serían aprobadas por la Organización Mundial de la Salud o si serían eficaces de surgir mutaciones del SARS-CoV-2.
Controlable. Existen otros tipos de incertidumbres, no menos dañinos, que dependen de nosotros, pero que como país no hemos sido capaces de dominar.
La proyección acerca de la gravedad de las finanzas públicas fue señalada a finales de los noventa. En el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006) y en los posteriores se plantearon reformas tributarias integrales.
La insostenibilidad de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional, así como del IVM, fue advertida por la Superintendencia de Pensiones (Supén) en 1995 y por expertos locales y foráneos, quienes también sugirieron unificar los sistemas, lo cual debía estar sujeto a la transparencia y la supervisión técnica de la Supén. Ni una cosa ni otra se atendió.
Gracias a la buena calidad educativa en el pasado, profesionales muy capaces documentaron estas y otras deficiencias estructurales y propusieron las hojas de ruta; sin embargo, el interés, temor y compromiso gremiales, así como también el sesgo ideológico o el cálculo político echaron por la borda cada una de estas propuestas.
Procrastinar o evadir del todo decisiones en el Poder Ejecutivo o Legislativo acumularon incertidumbre y cuantiosas pérdidas a lo largo de décadas, que explotaron en las peores circunstancias.
Facetas crueles. Es un riesgo que se traduce en costo, y este se incorpora al precio de los bienes y servicios, lo cual afecta la capacidad de compra de todos, pero más de los sectores vulnerables. También, desincentiva la inversión extranjera, la creación de pymes y la formación de capital fijo, que es base para la producción futura y la mejora del capital humano.
El cierre de comercios y las dificultades de familias y empresas para pagar sus créditos están a la vista. La incertidumbre destruyó empleos, fomentó la informalidad y condujo a la pobreza, realidad creciente de carne y hueso.
No está en manos del individuo ni del empresario eliminar la incertidumbre. Depende de que el Congreso y el Ejecutivo lleven pronto a buen puerto los proyectos de ley que debieron ser aprobados dos o tres décadas atrás.
Sabio es el refrán de nuestros mayores, que hoy como nunca nos lo recuerdan: «El tiempo perdido hasta los santos lo lloran».
El autor es economista.