Costa Rica era catalogada hace menos de una década como uno de los sitios más seguros para las vacacionistas. Hoy ya no lo es.

No se trata únicamente de crear las condiciones para tener un ambiente seguro para las turistas o visitantes en general, sino de erradicar la violencia de género con políticas sólidamente implementadas, que hagan del país un ejemplo de protección, de igualdad y de oportunidad para sus habitantes.

Me conmocionan las noticias casi diarias de asesinatos de mujeres en hoteles, en la calle, en sus casas, en sus trabajos. Me preocupa porque la crónica sea casi casual, como casual es el abordaje que las autoridades les dan en ocasiones, porque todas las muertes y actos de violencia son lamentables y requieren respuesta concertada, genuina y robusta del Estado, sin distinción.

Con razón, cuando se producen asesinatos como el de Eva, Luany y ahora el de María Luisa, se genera una discusión pública, así como la reacción indignada de miles de costarricenses, pero parece conducir poco a un cambio, inaplazable, en el tratamiento estructural del problema.

Como bien señala UN Women, la violencia contra mujeres y niñas, y agrego, contra los niños también, es una grave violación de sus derechos humanos. Los efectos van desde los inmediatos hasta los que perduran de por vida, tanto físicos como psicológicos, incluida la muerte, que golpea a las familias.

También menoscaba la calidad de vida de las mujeres y los niños, y su participación plena en la sociedad.

Ciclo de violencia. Las consecuencias de la violencia no son sentidas únicamente por las víctimas, sino también por sus familias. Niños que observan el ciclo de violencia y la cultura misógina la interiorizan como una conducta normal, perpetuando el ciclo, con enormes costos para las familias, las comunidades y el país.

Los costos no solo son de carácter humano, también en la pérdida de productividad y en la atención de las víctimas.

Las propuestas existen, y se han dicho una y otra vez, pero parece que aún no calan. Hay que empezar temprano por educar a los niños. Hay que generar condiciones de equidad para el acceso a la educación, a las fuentes de trabajo, a los créditos y a los puestos de elección popular.

Hay que crear las condiciones estructurales para garantizar que la acción sea permanente y de todos los actores sociales. Si bien la promulgación de leyes es un paso necesario, es obvia su insuficiencia, porque cuando el problema está en las entrañas del tejido sociocultural son necesarias acciones mucho más energéticas y permanentes.

Producto de la pandemia, Costa Rica vive y seguirá viviendo su mayor prueba de fuego por generaciones. El reto es doble si se considera que la afectación en la mitad de nuestra población, esto es, las mujeres y las niñas, es todavía más grave.

Cambio nacional. Quizá también sea una oportunidad para, sustancialmente, sentar nuevas bases del compromiso social y de arquitectura como nación; donde todos tengamos iguales oportunidades y contribuyamos en la construcción de un país justo, equitativo, próspero y solidario; donde cada vida cuente y el Estado acepte que su función es servir a sus ciudadanos, por quienes existe y a quienes se debe.

Un primer paso es la unión de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de la academia y del Estado para concertar acciones materiales que erradiquen los asesinatos y los actos de violencia, a través de campañas persistentes y eficaces. Los siguientes pasos requieren de voluntad política, que estoy seguro encontraremos en los actores políticos.

Si bien la pandemia y los efectos económicos son protagonistas actuales de la acción del gobierno, es necesario integrar políticas de género transversales en la atención de los retos del país. Esto, a su vez, contribuirá a reducir la violencia y la criminalidad en general. Solo así lograremos una verdadera paz social y dar contenido al discurso sobre nuestro compromiso con los derechos humanos y la justicia.

sugago@hotmail.com

El autor es profesor de la Universidad para la Paz.