EscucharNos acercamos al proceso electoral en Costa Rica. Con base en la experiencia de las elecciones en distintas naciones cercanas, es necesario reflexionar sobre la comunicación política, el denominado discurso del odio, las redes sociales y el derecho a la libertad de expresión.
Comienzo por este último. Todos tenemos derecho a expresar lo que pensamos y el deber de hacerlo con responsabilidad, pues, de lo contrario, asumiremos las responsabilidades legales por un mal uso.
Esto es así independientemente del medio o la plataforma. Todos opinamos no solo a partir de una visión de las cosas, sino también conforme con nuestros valores y ética.
Esto último es algo muy personal, se genera a lo largo de los años e integra nuestra educación y cultura. La sociedad procura inspirar una serie de valores, pero finalmente cada quien define cómo actúa y por qué.
De ahí que en el ejercicio de la libertad de expresión, si hacemos algo legalmente incorrecto, debemos asumir las consecuencias. Si hacemos algo moralmente sancionable, también somos sancionados por una colectividad.
No todo lo que vemos en las redes sociales es discurso de odio per se. Cuando alguien incita a odiar (en un amplio sentido de la palabra), ese odio podría ser una crítica mal desarrollada, por razones diversas, o una intención real de causar daño a una o varias personas.
Si la intención es dolosa, es decir, deliberadamente se quiere producir un daño, el afectado podría actuar legalmente.
Hasta aquí, la conclusión más valiosa es que no debe cercenarse el derecho a la libre expresión, aunque sea molesto, cansado o perjudicial socialmente hablando.
Debe, más bien, educarse a las personas para que emitan sus opiniones de forma correcta. Vuelvo así a los valores y la ética que debemos promover en una sociedad.
Uso y abuso de la tecnología. Detrás de las redes y los bots sociales (programas informáticos) no siempre hay un ser humano responsable que pueda ser identificado. De ahí la complejidad de estas plataformas cuando las valoramos en función del derecho a la libertad de expresión.
A poco más de un año de un proceso electoral, con una realidad y perspectivas difíciles en el país, el uso de las redes sociales para la comunicación personal y la comunicación política formal debe ser sujeto a múltiples reflexiones.
En las recientes elecciones en Estados Unidos, el 18 % de los adultos estadounidenses dijo recurrir a las redes sociales para obtener noticias políticas (octubre del 2019 a junio del 2020, Pew Research Center).
El porcentaje fue similar al de quienes se informaron a través de la televisión por cable o local, y menor al de quienes se informaron por medios impresos y radio.
Una cuarta parte de los votantes registrados recibieron noticias o información en línea, por correo electrónico, redes sociales o un sitio web de campaña, directamente de Trump o Biden.
Facebook llega a más de 250 millones de usuarios en ese país y es la plataforma de redes sociales de más alcance. Recordemos que la familia de esta empresa incluye otras aplicaciones, como Messenger, Instagram y WhatsApp.
Facebook fue la plataforma más permisiva en cuanto a publicaciones relacionadas con las elecciones. El director ejecutivo, Mark Zuckerberg, esgrimió el temor a interferir en la libertad de expresión para justificar la no implementación de medidas de verificación de hechos.
Según publicó The Washington Post, Facebook permite cargar una lista de personas que se sabe responden a un mensaje en particular y luego usa los algoritmos para encontrar una «audiencia similar» de nuevas personas a las cuales dirigirse.
La red reconoce, incluso, el poder y el peligro de sus capacidades de microtargeting e información segmentada. Basta con recordar la labor de minería de datos que ejecutó Cambridge Analytica para comprender los riesgos.
Twitter y Facebook. De acuerdo con Wesleyan Media Project, organización que rastrea y analiza la publicidad electoral, la campaña de Donald Trump gastó más en anuncios en Facebook y Google que en televisión.
Las televisoras cobran 10 veces más que las redes sociales. En la campaña se gastaron, cuando menos, $264 millones en Facebook en el tercer trimestre de este año, según datos de CNBC y del Centro para una Política Reactiva (CRP, por sus siglas en inglés).
Eso equivale aproximadamente al 3 % de los ingresos totales estimados por la red en Estados Unidos en el tercer trimestre. Zuckerberg había proyectado que la pauta de políticos (sin incluir campañas de terceros) representaría el 0,5 % de los ingresos de Facebook en el 2020.
Twitter actuó de una forma más rigurosa e incluso eliminó varias publicaciones con contenidos e imágenes falsas publicadas por Donald Trump; además, prohibió la publicidad política.
Trump cuenta con más de 30 millones de seguidores en Facebook. Joe Biden, poco más de 6 millones. En Twitter, la diferencia es aún más acentuada: a Trump lo siguen unos 90 millones de personas diariamente, Biden registra 18 millones de seguidores.
Medios para el populismo. En Brasil, durante la campaña electoral del 2018, los análisis realizados revelaron que las redes sociales tuvieron mucha más influencia en la campaña presidencial de ese momento que la televisión.
Bien lo resumió El País en una publicación: Jair Bolsonaro, durante esa campaña, dio la espalda a debates, no acudió a medios o solo lo hizo con los afines, evitó intermediarios, controlaba su mensaje y lo llevó directamente en redes sociales.
En México, en las elecciones del 2018, la presencia de bots promovió la información falsa masiva por WhatsApp, mediante el uso de bases de datos de teléfonos obtenidas por medios múltiples. Los influencers también desempeñaron un papel fundamental en la estrategia de comunicación política
En El Salvador, Nayib Bukele contó con un enorme apoyo de cuentas falsas en el proceso electoral del 2019, según denunció el proyecto #AlertaBot, de Buzz Feed México.
En varios países de América Latina, los pactos de ética digital no evitaron estos fenómenos de información falsa, robotizada, con acceso y uso de datos de forma ilegal.
La solución no es la censura. Esta angustiante realidad, sin embargo, no debe ser razón para generar prohibiciones que atenten contra el derecho a la libertad de expresión y menos para que corresponda a las autoridades políticas actuar desde sus instancias de poder.
En España acaba de crearse un procedimiento de actuación contra la desinformación y una comisión del gobierno definirá qué es una noticia falsa divulgada en las redes sociales. Soluciones como esta son altamente peligrosas.
La correcta solución, en lo que se refiere a Costa Rica con vistas al año electoral, es la educación y la sensibilización social en torno a los riesgos del uso inadecuado de las redes al opinar o compartir contenidos, en la necesidad de buscar fuentes confiables y aprender a desconfiar de algunos contenidos. Es decir, un proceso bien coordinado de alfabetización digital.
Un sistema de medios de comunicación y periodistas fuerte y plural, contenidos periodísticos oportunos sobre temas de interés acerca de la campaña electoral con balances informativos y una correcta técnica de obtención y presentación de información, así como una robusta labor de verificación de datos, se suma a la correcta solución. La tarea no es fácil, pero así hay que hacerla.
La autora es directora del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex).
