Escuchar:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/EQ2F2BL57VCXRE5KNXOLVXXSMM.JPG)
10/2/2021, San José, Asamblea Legislativa, Comisión investigadora del caso UPAD. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)
Más que un extenso comentario sobre cómo la Sala Constitucional exige que se garantice el debido proceso en las comisiones legislativas especiales investigadoras, me interesa poner en evidencia una cuestión obvia y, en algunos casos, chocante: desde hace un buen tiempo estas no son capaces de respetar el derecho a la defensa de los investigados.
Uno de los mejores ejemplos, por la gran audiencia que acaparó, fue la comparecencia del presidente de la República, ejercicio a todas luces inconstitucional por violar el principio de división de poderes consagrado en la Constitución Política.
Los diputados no dieron margen para que el compareciente contestara y —en algunos momentos con mucho respeto y en otros sin tanto— sistemáticamente lo interrumpían mientras respondía.
LEA MÁS: Entre líneas: ‘Impeachment’ criollo
No se trató de que el compareciente se negaba a contestar, sino de que a los congresistas les molestaba que este contestara de la forma en que entendía que podía responder.
Imaginemos por un momento que algo así sucediera en una audiencia ante un tribunal: sería inconcebible. Y lo queramos o no, una comisión investigadora cumple un rol similar, de hecho, uno de los integrantes de esa comisión así lo hizo ver. Por tanto, las reglas para el desarrollo de una recepción testimonial debería ser, más o menos, la misma.
Fin del interrogatorio. La idea al convocar a un compareciente, entendemos todos, no debería ser que este apoye las conclusiones —al parecer preconcebidas— a las que ha arribado la respectiva comisión, sino que la persona llamada conteste lo que sabe y cómo lo sabe sobre el asunto en cuestión.
La audiencia del pasado miércoles lo ilustra, pues los miembros de la comisión insistían una y otra vez en que el jefe de Estado debía contestar exactamente como y lo que ellos querían, sin la posibilidad de dar explicaciones, contextualizaciones o detalles adicionales: toda respuesta que excediera el molde —que a juicio de los interrogadores debía tener— era interrumpida.
Evidentemente, el control sobre este tipo de comisiones debería intensificarse. El hecho de que se llame a determinadas personas como un mero formalismo hace un flaco favor a nuestra democracia; estas instancias deberían diseñarse de manera tal que se respete, en su sustancia, el derecho de defensa y, en general, las garantías que integran el debido proceso para que no pasen de ser meros ejercicios de confirmación de prejuicios.
Si los investigadores o los testigos no pueden ni siquiera explicar sus posturas, ¿cómo pretenden llegar a la verdad de los hechos?
El ejercicio del miércoles debe ponernos en perspectiva y permitirnos mirar la necesidad de reforzar el respeto del derecho de defensa en el seno de esos órganos de control político para evitar que estas garantías se conviertan en un saludo a la bandera en dichas instancias.
El respeto al núcleo de las garantías del debido proceso en estas comisiones dice mucho de nuestro aprecio por las formas republicanas.
El autor es profesor universitario.
