Felipe Guevara Leandro. 20 agosto

Estos años de cambio han producido una lucha directa en la cual hay cabida para todo menos para escuchar el argumento del contrario.

La reciente huelga en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es el mejor ejemplo. El argumento fue una lucha contra la privatización, cuando la razón era simple y llanamente una defensa de pluses salariales.

Si bien creo que existen bases legales que sostienen los pluses, no se concibe cómo se llega a torcer tanto el interés gremial hasta llevarlo a la ilegalidad, pero, sobre todo, es ininteligible por qué los más altos jerarcas gubernamentales confabulan con los sindicatos.

El sector privado debe entregar su dinero sin chistar, incluso cuando sea para pagar actos ilegales de terceros, en una clara doble sanción para el contribuyente al usarse su dinero para financiar excesos.

La prueba inequívoca es que el acuerdo ilegal con los sindicatos de la CCSS compromete los fondos de los contribuyentes para pagar los pluses que se giren en estos años, en caso de que los tribunales fallen contra la interpretación sindical.

Además de la ilegalidad, es alarmante el desprecio por el contribuyente. Afortunadamente, en el Poder Ejecutivo trabajan personas, como la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, con un profundo respeto de la ley.

Los que pagan. No importa si el sector formal, el que paga impuestos y cargas sociales, soporta gravámenes de hasta el 58,3 % en algunos casos, según reportó el informe Paying Taxes del Banco Mundial.

No importa si nos han tratado de vender el cuento de que la presión fiscal en relación con el PIB es del 13 %, al convenientemente excluir las cargas sociales, cuando la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calcula que representan un 22 % y la Sala Constitucional las ha reconocido como un tributo.

Tampoco importa que la propia OCDE, en su informe económico sobre Costa Rica, haya señalado que las altas cargas sociales deben ser revisadas, puesto que desincentivan la inversión y empujan a la informalidad.

Cómo podría extrañar el desprecio, si el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia llamaba a aumentar en un 2 % el impuesto sobre las utilidades de las empresas, para que de un 30 % subieran a un 32 %, como simple solución al déficit fiscal.

Es muy probable que el más alto representante de la justicia desconozca que, aparte del 30 %, existe un impuesto adicional sobre los dividendos, lo cual lleva la tarifa de renta del accionista hasta un 40,5 %, más impuestos municipales, las ya mencionadas cargas sociales y el resto de 100 tributos que figuran en nuestra legislación.

Amnistía fiscal. Para colmo de males, la amnistía fiscal incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ha sido el nuevo “argumento” de ataque contra el sector productivo. Sin embargo, la amnistía no fue un perdón de impuestos, como alegan los huelguistas, fue un perdón sobre una porción de sanciones e intereses que pesaban sobre supuestas deudas; el principal quedó intacto.

Han olvidado que muchos de esos casos pudieron haber seguido su curso contencioso y haber resultado a favor del contribuyente. De ahí que, como incentivo para abandonar el conflicto, se condonara parte de los intereses y la multa. Pero más interesante aún es que más del 50 % de lo recaudado producto de la amnistía provino de la banca pública.

Pero nada importa, el sector privado debe entregar su dinero sin chistar, incluso cuando sea para pagar actos ilegales de terceros, en una clara doble sanción para el contribuyente al usarse su dinero para financiar excesos.

El autor es abogado.