Felipe Guevara Leandro. 17 enero

El presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, informó atinadamente que el crecimiento económico es insuficiente para reducir significativamente el desempleo, el cual rondó el 11,4 % en el último trimestre del 2019.

La tasa de desocupación refleja menos inversión y dinamismo económico, lo cual también repercute en el déficit fiscal: cuanto menos vigor tenga la economía, menos será la recaudación de impuestos.

El mejor aliado del fisco es el sector privado porque genera la riqueza sobre la cual el Estado toma su parte para sostenerse. Por consiguiente, la mejor reforma fiscal y estrategia de recaudación es un fuerte dinamismo económico y reglas claras.

Dice Cubero, sin equivocarse, que al país le urge resolver problemas estructurales, para lo cual no solo debe importar reactivar la economía, sino también tomar medidas que faciliten la contratación de trabajadores, desde el teletrabajo hasta la muy urgente flexibilización de las cuotas obrero-patronales, más altas que el promedio de la OCDE.

Pero para hablar de crecimiento económico, necesitamos hablar también de seguridad jurídica como elemento esencial del Estado de derecho.

Para el inversionista, la seguridad jurídica es un elemento indispensable en la valoración de riesgos, fundamentalmente, en lo referente a las cargas tributarias.

Nadie quiere invertir en un país donde la presión fiscal sea tan alta que haga nugatorio el rendimiento, pero tampoco en uno donde no existe certeza sobre cuáles serán sus deberes tributarios.

Tarea extra. Por ello, es necesario que la Dirección General de Tributación coadyuve a la atracción de inversión y a la generación de riqueza, aparte de su deber como brazo recaudador de impuestos.

Sin bien cabe reconocer un esfuerzo muy grande por mejorar el cobro y el cumplimiento, como lo fue adoptar la factura electrónica, es necesario admitir que se han venido presentando asuntos bastante preocupantes. Criterios erráticos del fisco han sido cuestionados al punto de tener que corregirlos una vez hechos públicos.

Dicha situación afecta gravemente el clima de negocios. Por ejemplo, a menos de un mes de la entrada en vigor de la reforma fiscal más significativa de los últimos 40 años, no existían los reglamentos de las leyes correspondientes, y al ser publicados no quedaron claros, como fue el caso de los arrendamientos, pues imperó una incertidumbre generalizada aun en setiembre pasado.

Recientemente, lo vimos reflejado en criterios con respecto a las dietas de juntas directivas y el impuesto sobre el valor agregado (IVA), transferencias por medio de Sinpe o la exoneración de los servicios educativos privados.

Sigue sucediendo en lo que respecta al IVA y el combustible. Las partes involucradas se encuentran en indefensión, lo cual se resolvería si se integraran las normas y se entendiera que los hidrocarburos y la cadena hasta el consumidor final se encuentran sujetos al impuesto único a los combustibles, el cual representa más del 40 % del costo.

Reglas claras. Si bien la tarea no ha sido sencilla por la existencia de una técnica bastante deficiente a la hora de promulgar leyes, tal defecto no debe ser usado en contra del ciudadano ni jugar en contra del crecimiento de la economía nacional.

El mejor aliado del fisco es el sector privado porque genera la riqueza sobre la cual el Estado toma su parte para sostenerse. Por consiguiente, la mejor reforma fiscal y estrategia de recaudación es un fuerte dinamismo económico y reglas claras.

Cuanta mejor sea la reputación de un Estado en la aplicación de los conceptos de seguridad jurídica, más cuantiosa será la inversión extranjera, y cuanta más seguridad jurídica y libertad goce el individuo, mejor funcionará la democracia.

El autor es abogado tributarista.