
La ruptura de la negociación del FEES 2027, el pasado 21 de abril, no es un episodio aislado: es el desenlace previsible de una conversación que llevamos años evitando. El gobierno propuso un 0% de incremento; las universidades pidieron 2,94%, y el resultado, otra vez, viaja a la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, en el campus Rodrigo Facio, la toma del edificio de la Rectoría revela algo más profundo: una crisis que no es solo presupuestaria, sino política, simbólica y, sobre todo, ética.
Hay un patrón que se repite cada ciclo de negociación: la Rectoría y los gremios profesorales convocan al estudiantado a “marchar en conjunto” cuando la mesa con el gobierno se tensa. Y cuando termina la marcha, los acuerdos o los desacuerdos se firman sin estudiantes: la institución nos pide solidaridad hacia afuera, pero nos niega ciudadanía hacia adentro. La autonomía universitaria, cuando se invoca solo para escudar a la jerarquía, deja de ser un principio constitucional y se convierte en un blindaje burocrático.
Por otro lado, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) también ha fallado en imaginar una agenda propia y ha funcionado, en el mejor de los casos, como caja de resonancia de las demandas de Conare; en el peor, como aparato con disputas internas ajenas al bienestar de quien camina cada mañana hacia un aula con una beca apretada en la mochila.
Por esto, el surgimiento de la Alianza Estudiantil y la toma de la sede de la FEUCR no fueron un capricho: suponen la constatación de que el modelo de representación estudiantil tradicional es insuficiente. La movilización estructural que debería seguir, inmediatamente, a cada negociación con el FEES nunca llega. La marcha es nuestro techo político; debería ser el piso.
El FEES aparece como el presupuesto institucional en abstracto. Empero, su traducción es concreta: el sistema de becas. Esa es la paradoja más cruel del sistema: quien más arriesga en cada negociación es quien menos voz tiene en la mesa. La persona estudiante de a pie, de Limón, de Guanacaste, de barrios del sur de San José, de Pérez Zeledón y otras zonas aledañas, suele dejarse por fuera de los acuerdos.
Existe, sin embargo, una alteridad más incómoda que conviene nombrar: una parte importante de la población costarricense que observa con escepticismo o resentimiento las protestas universitarias. Para quien paga impuestos sin haber pisado nunca una facultad, el título de “estudiante de universidad” aparece como una figura privilegiada que defiende su parcela.
Asumimos que ese rechazo de afuera proviene de la ignorancia, de no entender qué es el FEES, la autonomía universitaria y el artículo 78 de la Constitución. A esa actitud podríamos llamarla coalemofobia, en honor a Koálemos (dios griego de la ignorancia: el miedo y, peor, el desprecio hacia la persona ignorante foránea). Una actitud cómoda, pero con un costo político alto. Cada vez que despachamos la crítica externa como “ignorancia”, regalamos terreno discursivo al gobierno, que sí ha sabido capitalizar ese resentimiento. Cuando el Poder Ejecutivo califica nuestras demandas de “irracionales y abusivas”, lo hace sabiendo que una porción significativa del país asiente en silencio.
La universidad pública costarricense necesita un diálogo interno que no se ha dado. Este no puede limitarse a los pasillos de la Rectoría ni a los plenarios del Consejo Universitario. Tiene que incluir, primero, al estudiantado como interlocutor y no como infantería simbólica. Debe aceptar, segundo, que la rendición de cuentas no es una concesión: es un requisito mínimo de legitimidad. Y, tercero, que defender el FEES sin tender puentes con quien no estudia en la UCR es defenderlo con una mano atada a la espalda.
La coalemofobia se cura saliendo a rendir cuentas, a escuchar y, sobre todo, a reconocer que el privilegio relativo de matricular en la universidad no nos convierte automáticamente en portavoces del bien común. Esa pedagogía pública es quizá la batalla más urgente que tiene por delante el movimiento estudiantil.
Finalmente, esta crisis del FEES puede servir para reinventar la forma en que la universidad se piensa a sí misma, en y con el país. De lo contrario, dentro de un año estaremos otra vez marchando, con las mismas pancartas, perdiendo las mismas cosas y mirando con extrañeza a quienes, desde la acera de enfrente, no terminan de entender por qué deberían acompañarnos.
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Robin Hazel Fallas es especialista en Filosofía y docente de Filosofía en la UCR.
Yuiman Stuart López Chiong es especialista en Filosofía y bachiller de la UCR.