EscucharEn lo que va del siglo, el crimen transnacional, el narcotráfico y la corrupción encendieron las alertas y visibilizaron el impacto nefasto de estos fenómenos en el triángulo norte de Centroamérica.
Distintos escándalos de enorme envergadura estallaron en Guatemala y Honduras, y, en El Salvador, en el 2018, Nayib Bukele, como candidato presidencial, ofreció como prioridad combatir la corrupción y la impunidad.
En vista de la fragilidad de sus instituciones para luchar contra esos flagelos, los países optaron por acudir a la comunidad internacional y a organismos multilaterales en busca de apoyo.
Así, Guatemala creó, junto con la ONU, el 12 de diciembre del 2006, la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig); Honduras acordó con la Organización de los Estados Americanos (OEA) la creación de la Misión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih), el 19 de enero del 2016; y El Salvador, también en coordinación con la OEA, instauró la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicies), el 29 de noviembre del 2019.
Fueron misiones creadas con base en un documento constitutivo entre las partes, que define los términos en que la entidad llevará a cabo su labor in situ conjuntamente con el ministerio público del país respectivo.
Victoria de la sociedad. La instalación de la Cicig y la Maccih estuvieron precedidas por un clamor y una demanda ciudadanas cuando se reveló la existencia de redes de corrupción y hubo grandes escándalos en relación con estos hechos, por lo cual la existencia de tales mecanismos se asocia a la función protagónica que la sociedad civil de ambos países asumió en la creación como una forma de reivindicación ciudadana y condena a la actuación de las élites coludidas para cometer fechorías y sobornos.
La experiencia de estas tres misiones, sobre todo de la Cicig y la Maccih, evidenció que cumpliendo estándares técnicos altos y aplicando la normativa es posible combatir el crimen organizado, la corrupción enquistada y la impunidad endémica.
El éxito de los resultados, sin embargo, depende también de la forma y los términos como se negocie el establecimiento de una misión de esta naturaleza.
En El Salvador, por ejemplo, por sus especificidades políticas relacionadas con el estilo de gobernar del presidente, Nayib Bukele, quien le impuso distintas restricciones, la Cicies se vio imposibilitada de desplegar un mandato más robusto.
La interferencia permanente del Ejecutivo minó la capacidad de actuación y resolución de la Comisión hasta que, el 4 de junio, tras la toma de control de los poderes legislativo y judicial, Bukele expulsó a la Cicies, que ya le resultaba incómoda. Igual suerte habían corrido la Cicig y la Maccih en sus respectivos países.
Incomodidad para los corruptos. Estas dos últimas contribuyeron definitivamente a empoderar a la ciudadanía y a las instituciones del Estado, y generaron un clima de confianza para continuar combatiendo la corrupción y la impunidad. Sin embargo, su presencia y exitosas investigaciones de megacasos de corrupción las convirtieron en instancias incómodas para las élites de poder que las percibieron como una amenaza para sus intereses.
La expulsión de las tres comisiones y el blindaje, que como reacción construyeron los poderes fácticos y formales en los tres países mediante la aprobación de diferentes leyes en su beneficio, no es un buen augurio de lo que están dispuestas a hacer las redes político-económicas corruptas para continuar el despojo sistemático en perjuicio de las mayorías.
El Estado de derecho y la democracia cada día están más debilitados en esos países, que van camino a convertirse en Estados fallidos capturados totalmente por esas fuerzas malignas.
Únicamente la sociedad civil, mediante una participación robusta y determinada, y el fortalecimiento de la subdesarrollada cultura política evitarán el colapso.
Cultura política entendida como las creencias, actitudes, valores, ideales, sentimientos y evaluaciones predominantes acerca del sistema político, porque la cultura política de un individuo condiciona y guía su conducta política.
La ciudadanía democrática con fuerte participación es un imperativo para que, mediante el ejercicio del sufragio informado, los ciudadanos de los países del triángulo norte elijan a las mejores personas para administrar con transparencia y probidad sus gobiernos, y rescaten, a la vez, su Estado de derecho y su democracia.
La autora es internacionalista.
