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Esta es una pregunta que frecuentemente me hacen cuando sale el tema de terremotos en las conversaciones con diferentes grupos de amigos. Costa Rica está mejor preparada que hace décadas, pero esa preparación es profundamente desigual.
El riesgo sísmico no solo es un problema económico, sino también un problema social y cultural. Para poder tener capacidad de reducir la vulnerabilidad, se requiere una inversión económica mayor. Por lo tanto, quienes tienen menos recursos quedan expuestos a mayores niveles de riesgo y exclusión. Pero también es un problema social y cultural, porque existen quienes tienen la solvencia económica y acceso a profesionales capacitados y, aun así, deciden evadir las normas. Estas personas aumentan el riesgo colectivo por beneficio propio.
El problema y su solución no son únicamente técnicos. Costa Rica afronta simultáneamente tres desafíos: la vulnerabilidad económica, una débil cultura de prevención y el incumplimiento deliberado de normas constructivas.
Las personas con mayores recursos suelen tener acceso a seguros privados que ayudan a contener el impacto económico de un terremoto. Sin embargo, se podría pensar en generar mecanismos preventivos, como incentivos fiscales, por ejemplo, para propiciar el reforzamiento de edificios existentes y continuar con la reducción de su riesgo.
Para las personas con mayor vulnerabilidad económica, las políticas públicas deben fortalecer la educación sobre riesgo sísmico y generar instrumentos de apoyo que permitan reducir tanto la vulnerabilidad física como la financiera ante futuros eventos.
Pero el principal problema está en quienes no quieren cumplir lo que se define en las normas de diseño, a pesar de que sí lo pueden hacer. Estas personas se benefician de sistemas deficientes de control y auditoría en las municipalidades, así como de algunos profesionales con poco sentido de responsabilidad y un débil compromiso ético. Ahí surge un riesgo difícil de controlar: construcciones que aparentan cumplir estándares mínimos, pero que, en realidad, trasladan silenciosamente el riesgo a toda la sociedad.
Entonces, el problema deja de ser individual y se convierte en colectivo. Ya no se trata solo de una persona que irrespeta las normas, sino de una cultura de corrupción donde las irregularidades se observan y, en vez de corregirse, muchas veces se toleran o incluso se aprovechan en beneficio propio. A esto se suma la falta de sistemas eficientes y ágiles de control, denuncia y sanción, lo que provoca que pocas veces existan consecuencias tangibles capaces de disuadir estas prácticas.
En definitiva, los terremotos no afectan a todos por igual. En Costa Rica, si bien la capacidad de resistir un gran sismo depende, primero que todo, de querer hacer las cosas bien, no hay duda de que el ingreso económico, la calidad de la construcción y el acceso al conocimiento técnico constituyen una forma de desigualdad que rara vez discutimos antes de la tragedia.
Diego A. Hidalgo Leiva es investigador del Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica (UCR).
