Escuchar
Las recientes declaraciones del abogado constitucionalista Fabián Silva Gamboa, asesor de la presidenta electa, Laura Fernández, en torno a la posibilidad de reformar el artículo 12 de la Constitución Política para permitir bases militares extranjeras en Costa Rica, obligan a un debate serio, responsable y sin simplificaciones.
No estamos ante una ocurrencia menor, ni ante un simple ajuste técnico. Estamos ante la eventual redefinición del modelo de Estado que Costa Rica adoptó en 1948 al abolir el ejército como institución permanente. Aquella decisión no fue simbólica ni ingenua; fue una definición estratégica de país: fortalecer la institucionalidad civil, blindar el poder político frente a la influencia militar y apostar por el Estado de derecho como eje de estabilidad.
El narcotráfico es hoy una amenaza real. La violencia ha aumentado y el crimen organizado ha demostrado capacidad de adaptación y penetración territorial. Nadie puede negar la gravedad del momento. Pero precisamente por esa gravedad, las respuestas deben ser estructurales, no impulsivas ni basadas en soluciones que aparentan contundencia.
En el ejercicio de responsabilidades vinculadas a la seguridad del Estado, tuve la oportunidad de participar en procesos de capacitación junto a instructores militares internacionales, lo que me permitió comprender con claridad la diferencia entre cooperación técnica y presencia militar permanente. La cooperación internacional fortalece capacidades, profesionaliza cuerpos policiales y mejora la coordinación estratégica. Es necesaria y debe continuar.
Pero una base militar permanente es otra cosa. Implica infraestructura fija, presencia continua de tropas extranjeras, acuerdos especiales de jurisdicción y un giro sustancial en nuestra posición histórica como nación sin ejército. No es un curso de formación, no es un intercambio técnico ni un patrullaje conjunto autorizado por la Asamblea Legislativa; es una transformación institucional con implicaciones jurídicas, políticas y geopolíticas.
La experiencia internacional demuestra que la instalación de bases militares no elimina el narcotráfico. En Ecuador, la base de Manta operó durante años con ese objetivo, sin que el fenómeno desapareciera estructuralmente. En Colombia, pese al amplio respaldo logístico internacional, el crimen organizado no fue erradicado, sino que mutó y se reconfiguró. En otras regiones del mundo, la presencia prolongada de bases ha generado tensiones sociales y cuestionamientos sobre soberanía sin resolver de fondo los problemas de seguridad.
El crimen organizado no se combate únicamente con infraestructura militar. Se combate con inteligencia financiera eficaz, con control portuario y aeroportuario moderno, con fortalecimiento real del Ministerio Público y del Poder Judicial, con depuración institucional cuando sea necesaria y con políticas sociales que reduzcan los espacios donde el crimen recluta.
Las bases militares pueden proyectar una imagen de firmeza. Pero la imagen no sustituye la política pública integral ni corrige debilidades internas.
Además, existe una dimensión geopolítica que no puede ignorarse. Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por su neutralidad activa y su modelo civilista. Convertir el territorio nacional en sede permanente de infraestructura militar extranjera nos insertaría en una lógica estratégica distinta y modificaría nuestra percepción regional. Esa es una decisión que trasciende coyunturas políticas.
Reformar el artículo 12 de nuestra Constitución no es simplemente “hacer algo” frente a la crisis. Es modificar uno de los pilares fundacionales de la República.
Quienes proponen esa vía tienen la responsabilidad de explicar con claridad sus alcances jurídicos, sus implicaciones diplomáticas y sus efectos de largo plazo. El debate no puede reducirse a una reacción frente al aumento de la violencia.
Costa Rica necesita determinación para enfrentar el crimen organizado. Pero también necesita prudencia institucional. Las decisiones estructurales no deben adoptarse desde el temor ni desde la presión coyuntural, sino desde la convicción histórica y el análisis técnico riguroso.
Fortalecer la cooperación internacional, sí. Modernizar nuestras fuerzas policiales, sí. Endurecer la respuesta contra las estructuras criminales, también. Pero renunciar al modelo civil, que ha sido uno de nuestros mayores activos democráticos, exige una reflexión mucho más profunda de la que hasta ahora se ha planteado.
Antes de cruzar esa línea, el país debe preguntarse si realmente hemos agotado todas las herramientas institucionales disponibles. Porque cuando una nación redefine sus fundamentos constitucionales, no siempre hay marcha atrás.
romacruz05@gmail.com
Rodolfo Manuel Cruz Morales es exagente de seguridad presidencial del Ministerio de la Presidencia y exoficial del Ministerio de Seguridad Pública, hoy pensionado.
