EscucharEl artículo 191 de la Constitución ordenó la promulgación de una ley de estatuto de servicio civil, que debía regular las relaciones entre todo el Estado y los servidores públicos. Este fue aprobado el 30 de mayo de 1953, precisamente hace 70 años y es uno de los logros más significativos en la historia democrática de la nación.
Aun cuando el mandato constitucional fue traicionado, al cambiar el alcance del estatuto de Estado al Poder Ejecutivo, y debiendo admitirse así la existencia de un pecado original en nuestro sistema, es digno reconocer que fuimos el primer país de América Latina que elevó a rango constitucional el servicio civil y el tercero en aprobar una ley afín.
Hace 16 años, por iniciativa de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) y durante mi gestión como director general, se aprobó el Decreto Ejecutivo 33657 para que cada 30 de mayo se celebre el Día del Funcionario Público y del Sistema de Méritos de la Función Pública.
Cabe señalar que no existe ningún país desarrollado, o en vías de serlo, que no cuente con un robusto sistema de profesionalización de servicio civil o función pública. A pesar de nuestras debilidades, somos una de las 24 democracias plenas, entre 165 Estados y 2 territorios, según el índice de democracia de The Economist. Costa Rica se coloca en el puesto 17 y es segunda en América Latina.
Una partecita de ese éxito colectivo es producto del quehacer del funcionariado y de acertadas políticas de quienes nos antecedieron.
Cuando digo funcionariado, me refiero a quienes día tras día se esfuerzan con honestidad y transparencia por satisfacer las necesidades apremiantes de un pueblo cada vez más educado y conocedor de sus derechos y, por tanto, más exigente.
Al servicio público le debe ser ajena la granjería para obtener prebendas o beneficios mezquinos, la lisonja para ganarse un puesto de alta jerarquía o el usufructo de los bienes públicos para el bien personal, de amigos o familiares. Es impropio del servidor utilizar en su provecho egoísta los recursos asignados para ejercer los deberes que le corresponden.
Tampoco gastarlos en actividades ajenas a su función, ni distraer su tiempo y atención disfrutando los manjares que a veces deslumbran el ejercicio del poder, que son simples resabios señoriales.
Es deber del servicio público velar por que haya niños mejor educados, ciudadanos más seguros en sus alamedas, alimentos más nutritivos en los barrios pobres, playas más limpias, agua pura en los ríos, profesionales de mejor calidad, bosques densos y verdes, ancianos saludables y respeto a la diversidad, sin tener que pagar por esos servicios, fuera de los tributos.
El Día del Funcionario Público y del Sistema de Méritos también debe ser una fecha para el reconocimiento de quienes han dedicado muchos años de su vida a servir a la comunidad; a quienes no sucumben a las tentaciones del poder y las sinecuras, y defienden los derechos de las personas a una vida digna y de mejor calidad; y a quienes se preocupan por la prestación de servicios óptimos y superan las carencias de recursos enfrentando las dificultades más diversas.
El funcionario debe guiarse por consideraciones éticas que refuercen el Estado de derecho, la imparcialidad y la equidad, y atender el interés público en general. Surge como una necesidad de garantizar la profesionalización de la Administración Pública y para evitar que esta sea usurpada por la política o intereses privados.
Si bien la estrategia política marca el rumbo del Estado y la sociedad —principio democrático—, las autoridades elegidas requieren de una estructura administrativa, con suficiente capacidad técnica y ética, que garantice la concreción de las políticas públicas.
El economista chileno Carlos Matus afirmaba que cuanto mayor es la madurez institucional de un país y su capacidad de gobierno, no descansará significativamente en métodos y técnicas de avanzada, sino en la experiencia de los cuadros estables de gobierno y en la solidez de su estilo de hacer política.
El pecado original de la función pública, como mencioné al principio, fue el cambio adrede del vocablo Estado, como dice el artículo 191, por Poder Ejecutivo en el alcance del estatuto de servicio civil de 1953.
Fue sugerido a la comisión redactora por el presidente Otilio Ulate Blanco. De ese modo, los demás poderes y la instituciones autónomas y municipalidades han hecho a lo largo de 70 años lo que les place. Esto es lo que pretendió enfrentar la legislatura anterior al aprobar, entre otras, la Ley Marco de Empleo Público.
Con datos de un estudio salarial del sector público del 2007, encargado por la DGSC, puedo afirmar que tenemos un sistema salarial y previsional extremadamente desigual. Si existiera un índice de Gini para comparar la desigualdad salarial, seguramente lo encabezaríamos, por lo menos entre los países de la OCDE.
El autor es exdirector de Servicio Civil.
