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El último informe de gestión del hasta ayer presidente Chaves Robles debía ser un ejercicio republicano de rendición de cuentas. Así lo exige nuestra Constitución Política. Sin embargo, el país recibió algo muy distinto. Su cierre de gestión estuvo marcado por la confrontación, el personalismo político y una preocupante relativización de los valores democráticos.
Costa Rica atraviesa una etapa de profundo descontento ciudadano. La corrupción, la desigualdad y la lentitud institucional han deteriorado la confianza pública durante años. Precisamente en momentos así debemos fortalecer la democracia liberal, la división de poderes y las libertades fundamentales, pero la frustración social no puede convertirse en excusa para debilitar los contrapesos de la República.
El expresidente insistió en presentar su gobierno como la única expresión legítima de “la voluntad del pueblo” mientras señaló a la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría General y a la prensa crítica como obstáculos para el país. Esta narrativa resulta peligrosa. En democracia, el pueblo somos todos; disentir no es sabotear y fiscalizar tampoco es traicionar. Los controles institucionales existen para evitar la concentración del poder y proteger a la ciudadanía frente a posibles abusos.
También preocupa la normalización de un estilo político basado en el conflicto constante. Acusar a medios de comunicación de conspirar contra el gobierno, hablar de “golpes judiciales” sin pruebas y reducir el debate público a una lógica de “buenos contra malos” erosiona la convivencia democrática. Costa Rica no construyó su estabilidad histórica alrededor de caudillos, sino mediante instituciones fuertes y una cultura de respeto republicano.
Más grave aún es el deterioro en materia de libertad de prensa. Nuestro país cayó de forma alarmante en los índices internacionales durante esta administración. El acceso a la información pública se volvió más restrictivo y se promovió una relación discrecional con medios y comunicadores. Una democracia sana requiere prensa crítica, especialmente aquella incómoda para el poder.
El informe presidencial también evitó discutir las fracturas sociales que siguen golpeando al país. El apagón educativo continúa. El empleo informal crece y las listas de espera en la seguridad social siguen afectando a miles de personas. Muchas familias viven con incertidumbre frente al costo de vida. No basta con citar cifras macroeconómicas positivas cuando amplios sectores de la población sienten abandono.
Costa Rica necesita reformas profundas. Necesita modernizar instituciones, combatir la corrupción y recuperar la seguridad ciudadana. Pero todo ello debe hacerse dentro del marco democrático y del respeto a los derechos fundamentales. La tentación autoritaria ha causado suficiente daño en América Latina como para ignorar sus señales.
Las democracias rara vez se derrumban de golpe. Se erosionan lentamente, cuando la ciudadanía empieza a normalizar el desprecio hacia los controles institucionales, la prensa libre y el pluralismo político. Ese es el verdadero riesgo que deja el gobierno que recién concluyó.
Defender la democracia no significa defender privilegios ni burocracias ineficientes. Significa proteger el derecho de todas las personas, mayorías y minorías, a vivir en libertad, con justicia social y bajo reglas que limiten el poder de cualquier gobernante.
antonio.trejos.mazariegos@gmail.com
Antonio Trejos Mazariegos es diputado a la Asamblea Legislativa.
