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Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. En el siglo XXI, los líderes populistas se han encargado de ir acabando con ellas, valiéndose, en primera instancia, de exponer demandas legítimas de la ciudadanía: mayor seguridad, más eficiencia, menos burocracia o respuestas inmediatas frente a la delincuencia. Son cambios que se presentan como necesarios y democráticos, pero que, cuando se debilitan los controles institucionales y se concentra el poder, pueden convertirse en la antesala de un régimen autoritario.
La historia demuestra que las dictaduras modernas no siempre nacen quebrantando abiertamente la Constitución, pero sí proponiendo cambios en ella. Llegan mediante elecciones libres y, una vez allí, utilizan el respaldo popular y la narrativa de deslegitimación hacia los otros poderes, con la finalidad de acaparar el poder y desmontar gradualmente los contrapesos que sostienen la democracia. El deterioro institucional ocurre paso a paso, hasta que la ciudadanía descubre, demasiado tarde, que aquello que parecía una solución rápida termina por destruir las libertades que pretendía proteger.
Costa Rica enfrenta hoy una realidad profundamente preocupante, donde nuestra democracia está en peligro. Durante los últimos cuatro años, el país registra las cifras de homicidios más altas de su historia, principalmente producto del crecimiento del crimen organizado, del narcotráfico y de la violencia asociada a las disputas entre los grupos criminales locales. Ese incremento de la violencia ha generado un comprensible sentimiento de inseguridad en la población.
Este escenario es el caldo de cultivo que perversos proyectos políticos podrían aprovechar –e incluso fomentar el caos– para justificar soluciones extraordinarias incompatibles con el Estado de derecho.
En nuestro caso, hay algunos factores que podrían incrementar la crisis. En primer lugar, la Fuerza Pública afronta importantes limitaciones para ejercer un control territorial efectivo. Sus recursos materiales y humanos son insuficientes frente a la expansión de organizaciones criminales cada vez más poderosas, mejor financiadas y con mayor capacidad operativa.
A ello se suma el crecimiento del tráfico local de drogas, fenómeno que ha provocado violentas disputas por territorios, rutas de distribución y mercados ilícitos. Un porcentaje muy alto de los homicidios dolosos que hoy registra el país responde, precisamente, a ajustes de cuentas derivados de esa actividad criminal.
En el plano internacional, Costa Rica ha sido señalada reiteradamente como un punto estratégico y de mayor exportación de cocaína hacia Europa y Norteamérica. Nuestra ubicación geográfica, y nuestros valiosos productos de exportación, combinados con la creciente infiltración del narcotráfico, convierten al país en un centro logístico para organizaciones criminales transnacionales.
También, resulta inevitable analizar determinadas decisiones de política pública que han generado debate. Entre ellas destacan la salida de la Policía de Control de Drogas de puertos y aeropuertos, y el traslado del Servicio Nacional de Guardacostas hacia Guápiles.
A nivel judicial, hay un enorme déficit de recursos para investigar, procesar y enjuiciar a la delincuencia, lo cual se ve acrecentado por los recientes recortes presupuestarios realizados por el Ministerio de Hacienda que afectan directamente al Ministerio Público, al Organismo de Investigación Judicial y, en general, al Poder Judicial.
Esas decisiones han coincidido con un discurso político desde el Poder Ejecutivo, que, con frecuencia, traslada la responsabilidad principal de la seguridad ciudadana hacia el Poder Judicial, como si la persecución penal pudiera sustituir las funciones preventivas y operativas que constitucionalmente corresponden al Ejecutivo. La seguridad es una responsabilidad compartida del Estado, y empieza antes de que ocurra el delito.
Mientras tanto, quienes integramos el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial continuamos desarrollando investigaciones complejas que han permitido desarticular poderosas estructuras criminales, capturar a conocidos líderes y personas vinculadas con organizaciones delictivas nacionales e internacionales, así como perseguir redes de corrupción asociadas a ellos, para someterlos a la justicia.
Paradójicamente, esos resultados son constantemente minimizados o incluso descalificados por el Poder Ejecutivo, mediante ataques sistemáticos contra el Ministerio Público, el OIJ y el Poder Judicial.
Algo similar ocurre con otros órganos de control, con sectores de la prensa crítica y con quienes expresan opiniones distintas del discurso oficial, cuando desde el poder se desacredita continuamente a las instituciones independientes, se debilita la confianza ciudadana en ellas y se crea el ambiente propicio para justificar su sustitución.
Recientemente, el Ejecutivo brindó manifestaciones desafortunadas señalando como “golpe de Estado” una resolución de la Sala Constitucional que vino a solucionar temporalmente un problema no resuelto por la Asamblea Legislativa, en relación con el nombramiento de magistrados suplentes de ese alto tribunal.
Ese tipo de manifestaciones no constituye un patrón de comportamiento político nuevo. Los liderazgos populistas suelen construir un relato en que las instituciones aparecen como enemigas del pueblo, mientras el líder se presenta como el único capaz de resolver los problemas nacionales, aunque en la realidad no veamos acciones visibles.
En ese contexto, el aumento de la criminalidad puede convertirse en el argumento perfecto para promover medidas cada vez más extremas, atizadas por el miedo.
Entonces aparecen propuestas aparentemente sencillas: reducir controles judiciales, flexibilizar el debido proceso, ampliar causales de prisión preventiva, restringir garantías constitucionales o concentrar mayores poderes en el Ejecutivo.
Precisamente porque el crimen organizado representa una amenaza tan grave, el Estado debe combatirlo respetando la Constitución y la ley. Si para derrotar la delincuencia destruimos el Estado de derecho, entonces habrán triunfado quienes pretendían sustituir el imperio de la Constitución y la ley por la ley del más fuerte, y el Estado se convierte en aquello que quería combatir.
El debido proceso no protege únicamente a quienes son investigados. Protege a todos los ciudadanos frente al ejercicio arbitrario del poder.
Cuando se normaliza la idea de que determinadas personas pueden ser privadas de libertad sin suficientes garantías porque son “delincuentes”, pronto esa categoría puede ampliarse para incluir a opositores políticos, periodistas, líderes sociales o cualquier ciudadano considerado incómodo para el poder. Incluso, puede incluir a personas que los apoyaron, cuando estas sean percibidas luego como una amenaza.
Así mueren las democracias. Por eso, la defensa del Estado de derecho exige mirar más allá de las soluciones fáciles. La lucha contra el crimen organizado requiere mayor inversión, no recortes presupuestarios a las instituciones encargadas de combatirlo.
Desde el Ministerio Público seguiremos cumpliendo nuestro mandato con absoluta independencia, investigando los delitos, combatiendo la corrupción y enfrentando el crimen organizado, sin distinción alguna respecto de las personas involucradas. Lo haremos con determinación y en estricto apego al Estado de derecho, como lo hemos hecho hasta hoy.
El Ministerio Público no permitirá el caos.
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Carlo Israel Díaz Sánchez es fiscal general de la República.
