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En la arquitectura del Estado social de derecho costarricense, el Instituto Nacional de Seguros (INS) no representa una mera unidad de negocios; constituye un eje transversal de estabilidad socioeconómica. Para quienes llevamos el pulso del mercado de seguros y, especialmente procuramos el bienestar del INS, en el último quinquenio hemos sido testigos de una preocupante deriva discursiva y política que pareciera pretender reducir esta institución insigne a una pieza de cambio, como si los funcionarios jugaran una especie de tablero fiscal.
A los últimos señalamientos de la Superintendencia de Seguros durante este 2025, ahora se suman las declaraciones rendidas bajo juramento por el exgerente Luis Fernando Monge, las cuales —sin prejuzgar sobre su veracidad definitiva ni sobre los desenlaces que eventualmente correspondan— plantean un conjunto de señalamientos que deberán ser analizados, cotejados y verificados por las instancias competentes.
Confiamos plenamente en que nuestra presidenta ejecutiva, Gabriela Chacón, hará los descargos y aclaraciones oportunas y necesarios. Pero como agentes de seguros y analistas de riesgos en primera línea, no podemos dejar pasar ni ignorar estos hechos.
El riesgo moral y la degradación institucional
La reciente comparecencia de Luis Fernando Monge Salas ante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos ha puesto sobre la mesa —a partir de su testimonio bajo juramento— una narrativa que, de confirmarse cierta, revelaría una crisis de gobernanza que trasciende lo administrativo para instalarse en lo ético, configurando un eventual escenario de riesgo reputacional y comercial para la institución. Las denuncias formuladas —sobradamente ya conocidas— constituyen afirmaciones graves que, aunque aún no comprobadas, ameritan un riguroso escrutinio.
Recordemos que este asedio a la integridad del Instituto se vio agravado por el entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, cuando a finales del 2023 sugirió la venta parcial y/o apertura del capital accionario del INS (hasta un 49 %) como una salida simplista al déficit fiscal.
Estas maniobras, lejos de ser ajustes técnicos, representan una exposición indebida que erosiona la confianza del mercado y compromete la solvencia moral de una institución que es columna vertebral de la seguridad social costarricense.
Para una entidad que opera bajo la lógica de la fe pública y la solvencia técnica, la confianza no es un accesorio, sino su capital primario. El negocio del seguro es, en esencia, la gestión de la incertidumbre; y cuando la incertidumbre emana del propio gobierno corporativo o de la interferencia del Ejecutivo, se produce una descapitalización simbólica que el mercado bien podría penalizar con severidad.
El INS como pilar de la seguridad social
La capacidad del INS para generar excedentes y recursos frescos para el Estado supera con creces cualquier beneficio inmediato de una venta de acciones, como si habláramos de “cachivaches”. El INS es, junto a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el soporte de nuestra paz social (aunque muchas veces tengamos diferencias de abordaje con la CCSS). Mientras la CCSS atiende la enfermedad y las pensiones, el INS atiende los accidentes. Y esta verdad resulta tan profunda que, por más de 75 años, ninguna persona asegurada se ha cuestionado si será rechazada de la atención médica en caso de sufrir un accidente. Esta certeza subyace en el inconsciente colectivo de nuestra idiosincrasia.
Y, por si fuera poco, el Instituto es el garante de medicina de vanguardia a nivel regional, protegiendo los sectores productivos a través de los regímenes de Riesgos del Trabajo y el Seguro Obligatorio de Automóviles. Lo anterior, pese a las recientes autorizaciones de la Sugese para que otro actor recién llegado a nuestro mercado de seguros comercialice ambos seguros sociales. Sí, son seguros sociales, no comerciales.
Lo que estamos observando, entonces, es un intento fallido por socavar la robustez del Instituto. Algo que consideramos una forma de traición a la patria, pues quienes obran de esta manera pretenden trasladar una carga inmanejable al sistema médico-social sin considerar las consecuencias sociales que el país no podría costear, ni el impacto socioeconómico que ello generaría en desmedro de nuestro modelo de sociedad.
El necesario apoyo legislativo al INS, frente a la competencia global
Consideramos pertinente hacer hincapié en un punto que merece ser señalado con precisión: la necesidad de que el Poder Legislativo comprenda la naturaleza de una empresa que compite en un mercado abierto. El INS se enfrenta a una complejidad actuarial y técnica de nivel global, compitiendo con gigantes transnacionales bajo las mismas reglas de solvencia. Sin embargo, el Congreso insiste en someterlo a una dicotomía paralizante: por un lado, le exige rentabilidad competitiva; pero, por otro, le impone sostener una estructura burocrática que parece diseñada para el fracaso.
Esta ambigüedad normativa alimenta el eterno conflicto de la función pública mediocre, donde la eficiencia es castigada. La diversidad —desde la custodia del patrimonio histórico en el Museo del Jade hasta el servicio vital de Bomberos y su presencia en los mercados de valores— es la manifestación de una prosperidad que debe ser potenciada, no subastada ni sometida a laberintos legislativos.
Por el contrario, se requiere un mayor respaldo a la libertad comercial del INS como entidad pública rentable en el entorno actual, ello incluso frente a los recientes señalamientos y amagos de escándalo que deberán ser esclarecidos con rigor institucional.
Conclusión: Hacia una defensa de la excelencia técnica
El debate sobre el futuro del INS no debe ser capturado por el populismo ni por el dogmatismo fiscal, y mucho menos exponer a la institución a riesgos comerciales generados desde los propios poderes del Estado.
Costa Rica requiere una discusión intelectualmente honesta que reconozca que el valor del Instituto no reside solo en sus activos, sino en su función protectora de los valores más sagrados del pueblo costarricense.
Un servicio en Riesgos del Trabajo y Seguro Obligatorio Automotor encomiable, un Cuerpo de Bomberos de primer mundo, un Museo de Jade que rescata nuestra historia y seguros comerciales con garantía financiera del Estado. Solo por mencionar cuatro atributos de nuestro INS. Pero son mucho más.
Exponer a la institución a la precariedad política y a una sospecha generalizada de corrupción —sin el debido proceso, análisis probatorio y esclarecimiento de responsabilidades— constituye un acto de irresponsabilidad histórica. Como gremio, los agentes de seguros del INS demandamos que el Poder Legislativo procure las herramientas de modernización necesarias y que el Ejecutivo se desmarque de hechos como los denunciados actualmente por altos exjerarcas del INS. La protección de este pilar no es un asunto corporativo; es un imperativo de supervivencia nacional.
Paolo Araya Muñoz, Hugo Quesada Monge y Marco Antonio Chacón Solís son agentes de seguros exclusivos del INS.
