La 5G no es solamente una nueva tecnología móvil, se trata de un cambio en el paradigma de las telecomunicaciones como las conocemos hoy.
El gobierno no está en condiciones de esperar los marcos de referencia y la política pública para poner en operación esta herramienta que, entre otras cosas, favorece el uso eficiente de un recurso tan escaso como lo es el espectro radioeléctrico.
Racsa usa parte de sus ganancias para pagar las malas inversiones del pasado
No solo es para ver películas, como dijo la presidenta del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Al país se le posibilitará una pirámide de servicios industriales, sanitarios y ciudadanos sin precedentes. Nos encontramos en la coyuntura de una evolución exponencial en el desarrollo de la economía digital.
Como toda transformación, la 5G debe acompañarse de la administración del espectro radioeléctrico y del respeto de la atribución, canalización, asignación y supervisión de bandas bajas, medias y altas.
Costa Rica ya cuenta con un marco de referencia robusto para la regulación de las telecomunicaciones; sin embargo, se cometieron errores que atentan contra el avance de la incorporación de la 5G.
Uno de esos errores fue la concesión de las frecuencias al ICE y Radiográfica Costarricense (Racsa), que las mantienen ociosas. Si bien la batalla por la recuperación y reasignación de frecuencias debe darse en contra de estas dos empresas, es fundamental analizar el papel que desempeña la segunda en la intricada cuestión, pues es una empresa de telecomunicaciones fallida sin músculo para convertirse en proveedora de servicios de valor agregado para el Estado, por lo cual no solo debe eliminarse la concesión de inmediato, sino también evaluar la existencia de una entidad financiada con fondos públicos.
El autor es informático.
