
Doña Laura Fernández es la presidenta electa de Costa Rica; es decir, de todos los costarricenses, incluyendo a quienes no apoyamos su candidatura. Así debe ser en una democracia, contrariamente a lo que sucede en un régimen autoritario, donde los oponentes –como hemos visto e incluso vivido muy de cerca– terminan exiliados, silenciados o en prisión.
Todos deseamos lo mejor de su gestión, primeramente por Costa Rica y, además, por ella misma y por el lugar que la historia reservará a su gobierno.
Por eso, la señora Fernández –quien, una vez conocida su elección, habló de hacer un gobierno de unidad y de tender puentes– haría bien en comenzar pidiendo a sus huestes, hablando metafóricamente, no solo a los de a pie, a la infantería, sino también a algunos con rangos más elevados, que dejen ya de ofender de manera vulgar, grosera y mentirosa, y, peor aún, sin sustento en ideas, como ocurrió en buena parte de la campaña.
Esa actitud ha ahondado aún más la división –innegable– de la ciudadanía que su mentor ha provocado, dejando heridas de muy difícil restañamiento.
Lo hemos visto contra una diputada, también electa por el pueblo como la señora Fernández, en Limón, donde se utilizaron expresiones indignas y vulgares que ninguna persona debería recibir. Pero también lo hemos escuchado en boca de un político desgastado y camaleónico –quien hace apenas unos años emitía feroces diatribas contra Rodrigo Chaves– dirigidas hacia la misma diputada, en un afán de exacerbar los odios de sus seguidores.
¿Puede esto favorecer la unidad y, con ello, la gobernabilidad tan necesaria en el momento que atraviesa el país?
Todos, repito, deseamos y apoyamos lo mejor para doña Laura, si ello va en la dirección de fortalecer nuestros valores cívicos y democráticos. No así si, por el contrario, su gestión intenta seguir los pasos de algún gobierno de un país con una historia y unas condiciones socioeconómicas y culturales muy diferentes a las nuestras.
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Jorge Andrés Camacho es catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR).