EscucharHay términos técnicos que tienden a ser utilizados a conveniencia por la amplitud del concepto y también por factores de indefinición política, como en el caso de seguridad y soberanía alimentarias.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) define seguridad alimentaria como un objetivo, es decir, el momento en que todos tengamos al alcance físico y económico suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer nuestras necesidades y preferencias, para tener una vida activa y sana.
Debe observarse que el concepto no se refiere solo a la producción, sino también a los consumidores, a la variedad y el acceso.
Para la FAO, soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación, con base en la pequeña y mediana producción, respetando aspectos culturales y de género.
Las definiciones son amplias y no excluyentes, pero existe un aspecto común: se refieren a un objetivo, e, indiferentemente de cual sea la producción, a acceso e inocuidad, entre otros, lo que implica la existencia de una política definida, que en nuestro país no está clara. Esta falta conlleva un alto costo para el país.
Decir que seguridad y soberanía alimentarias significa que tenemos que producir todo lo que comemos es ilógico. Consumimos arroz, frijoles y la totalidad de lo que venden en el supermercado.
Ningún país es capaz de producir el total por aspectos agroclimáticos y por razones de eficiencia. Tendríamos que escoger del supermercado qué podemos producir y en qué somos competitivos y eficientes. ¿Es más caro producir X que importarlo? ¿Es lógico obligarnos a subsidiar o pagar más caro para no importar? Esa es la gran discusión, que no lo sería tanto si tuviéramos una política alimentaria clara, ya que ahí estaría la respuesta.
Muchos países poseen políticas claras sobre seguridad y soberanía alimentarias, deciden importar productos, o mantienen la producción en forma planificada y estratégica, o una base productiva definida, de mediana o pequeña escala, con un subsidio fijo y limitado en zonas geográficas específicas.
Los objetivos son varios, algunos técnicos y otros socioeconómicos. Uno es mantener el know how o conocimiento histórico que pasa de generación en generación, y que incluye particularidades de adaptación al clima.
También, mantener la variabilidad genética propia del territorio y el desarrollo de variedades. Llevar a cabo investigación y crear variedades es más rentable en ocasiones que la misma producción.
Otro objetivo es cultural y de identidad nacional, así como el respeto a las zonas rurales.
Un cuarto objetivo es mantener una base limitada de producción con capacidad de reacción durante las crisis en los mercados externos. Un objetivo básico es asegurar la subsistencia de los productores y las medidas de reconversión. Pero todo responde a una política, no a la incertidumbre.
De la lectura del Plan Nacional para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 —dejando de lado los marcos conceptuales, las metodologías, los listados de instituciones y las metas, principalmente regionales— no se deduce una política.
La legislación relacionada es general, con objetivos igualmente generales, que demandan una política definida. El Programa Estado de la Nación, en el artículo “¿Está Costa Rica atendiendo los retos para garantizar su seguridad alimentaria y nutricional?”, del 15 de octubre del 2022, señala aspectos que requieren medidas claras y pone de relieve la inexistencia de un sistema básico de indicadores para las metas de seguridad alimentaria. De nuevo, la carencia de una política definida y criterios de medición.
En muchos casos, la ausencia de políticas se debe a un temor al compromiso; sin embargo, el compromiso genera una incertidumbre que en la producción agrícola se traduce en eternos conflictos, quejas, descontento y discursos vacíos.
A la postre, todo esta situación, que en realidad es un conflicto, implica un elevado costo intelectual, económico y social. En el fondo, el temor al compromiso tiene su origen en la incapacidad de comunicarse y negociar, sin dejar de lado la improvisación.
El autor es abogado e ingeniero agrónomo.
