EscucharDesde el año 2019 hasta el 2022, Costa Rica descendió del lugar 55 al 68 en el Índice de Innovación Global, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Con esa caída de 13 puestos, pasó de tercero a sétimo a nivel regional, cuya razón esencial es la insuficiente generación de innovación.
Antes de conocer algunas otras explicaciones del considerable desplome, es oportuno revisar brevemente cómo Chile se consolidó como el más innovador en el ámbito latinoamericano, ubicándose en el puesto 50, escalando tres posiciones desde el año anterior.
Esa nación es considerada la de mayor productividad científica en América Latina y el Caribe, respecto al número de habitantes y a su producto interno bruto (PIB). Logro reflejado también en el apoyo desde el 2010 a más de 2.200 startups o emprendimientos, valorizados sobre los $ 5,8 billones, con ventas cercanas a los $2,1 billones y creando más de 10.000 empleos dentro y fuera de sus fronteras.
Este esfuerzo notable atrae en forma creciente a inversionistas que apuestan a desarrollos tecnológicos, destacando los biotecnológicos y creados por profesionales con formación universitaria muy similar a la costarricense, incluso algunos son coterráneos educados aquí.
¿Por qué tan abrupto descenso?
Se argumenta que la ausencia de dos encuestas, en años pasados, al sector de innovación, es la responsable de esta debacle. Desde luego, es factible enumerar otras causas como limitar la ciencia y tecnología, a las tecnologías de información. Además, persiste una infravaloración del crucial impacto de la investigación en el progreso socioeconómico, reflejada en múltiples consecuencias que afectan sensiblemente a esta actividad, generada en un 90% por universidades estatales costarricenses.
Así, los investigadores locales se enfrentan a bastantes desafíos, que los colocan en una franca desventaja frente a colegas del mundo industrializado. Muestras de ello, es la reducción efectiva de las horas dedicadas a investigar por atender un sinnúmero de labores administrativas, y el tortuoso calvario de la importación de insumos (equipos, materiales y reactivos), traducido en meses o años en obtenerlos y reducida a su adquisición efectiva de enero a julio, complicada ahora más por la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Entonces, no fue sorpresa que, en la nueva Ley General de Contratación Pública, ni siquiera fue contemplada la posibilidad de otorgarle a esta crucial gestión, procesos diferenciados destinados a adquirir con mayor facilidad y celeridad sus elementos esenciales.
A lo anterior, hay que sumar desde luego la escasa financiación disponible, un claro ejemplo es la contracción en los proyectos interuniversitarios de carácter investigativo financiados por Conare, cuyo número y presupuesto se redujo en un 80% en los últimos cinco años. De mantenerse la regla fiscal en su presente redacción, no habrá recursos suficientes si se desea investigar, dadas las limitaciones presupuestarias impuestas y la imposibilidad de recibir fondos externos de cualquier tipo, pues al presupuesto institucional sería restado en el equivalente obtenido.
¿Qué soluciones tenemos ante este difícil panorama?
Las respuestas son conocidas, pero consistentemente desdeñadas por los tomadores de decisión, públicos y privados. Hay que visualizar y aceptar que la investigación científico-tecnológica es un quehacer ultra competitivo globalmente. Por lo cual, se debería favorecerse y motivarse, de modo claro, su realización, mediante la adecuada y oportuna política pública, acompañada de un robusto ecosistema de innovación.
Es pertinente admitir que industrias de manufactura avanzada, no generan directamente innovación. El caso chileno lo retrata de manera contundente, en donde aprovecharon la pandemia con intención de reducir la dependencia tecnológica, aquí contrariamente la incrementamos. Se debería, asimismo, impulsar estratégicamente la bioeconomía, empleando nuestro excelente talento humano del área BIO y la mega diversidad del territorio, acorde a lo indicado por el Foro Económico Mundial en el 2020: “Transiciones socioeconómicas basadas en la naturaleza podrían generar $10 billones en oportunidades de negocios y crear 395 millones de puestos de trabajo para el 2030″.
Extrañamente, nos rehusamos a implementar medidas inmediatas y plausibles de base biológica, que permitirían atender nuestra difícil coyuntura actual.
Miguel Rojas Chaves
El autor es investigador del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).
