La Ley Marco de Empleo Público determinó que a futuro las remuneraciones del sector público deben obedecer a un salario global. Se cambia totalmente el sistema de remuneración que venimos viviendo basado en pluses y antigüedad. Sin embargo, no se ha dado una discusión de cómo se deberían determinar esos salarios.
¿Cuánto es un salario justo para un trabajo particular del Gobierno? La solución que el Poder Ejecutivo hasta la fecha ha dado, es poner al salario base actual. Tenemos que buscar un salario justo y como punto de partida podemos utilizar lo que se paga en el sector privado.
La discusión que debemos tener es, para diferentes puestos, qué percentil del salario privado se debería pagar, 40%, 50% o 60%. Es decir, deberíamos pagar a los empleados públicos, menos de la media, más de la media o la media de lo que se paga por el mismo puesto en el sector privado.
Para ello, debemos determinar cuáles son los salarios adecuados para cada posición. Por fortuna, tenemos varias fuentes de datos confiables de dónde partir. Podemos comenzar por ver los salarios que se reportan a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de acuerdo con el rol que desempeña cada trabajador.
Adicionalmente, en el Ministerio de Hacienda, cualquier contribuyente, incluyendo trabajadores independientes, tienen que declarar su actividad económica. Combinando estas dos fuentes de información, el Gobierno sabe cuánto son los salarios o ingresos de todas las diferentes actividades económicas.
Esta información hay que segregarla por factores, como, por ejemplo, años de experiencia laborados y títulos académicos. Esto se puede lograr utilizando otra información adicional, las fechas de los títulos entregados por las universidades, las fechas de colegiatura en los respectivos colegios profesionales, y el propio historial laboral registrado ante la Caja y Hacienda.
Combinando esta información podemos identificar para cada persona una estimación de cuánto es su experiencia laboral en X rol y lo relevante de esa experiencia.
Mezclando los dos diferentes análisis podemos generar tablas por profesión y experiencia que funcionen como base para determinar los salarios globales. Para las profesiones únicas, que no tienen su equivalente en el sector privado, como evaluadores de pruebas de manejo o investigadores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), podemos homologarlas con otras posiciones que sí tienen su equivalente.
Con esos rangos salariales podemos iniciar la discusión política del valor del trabajar en el sector público y cómo debería pagarse por las labores similares en el sector privado. Eliminamos la incógnita de cuánto debe ganar alguien y nos basamos en una comparación justa basada en datos. Mientras no hagamos este tipo de análisis no vamos a poder justificar si un maestro deba ganar ¢500.000, ¢1.000.000 o ¢2.000.000 al mes y seguiremos con una frustración generalizada de cual debe ser realmente el valor de esa labor realizada.
El autor es economista.
