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Tres preguntas sirven de punto de partida para estas líneas: ¿qué riesgos implica desconocer la propia historia?,¿puede una persona, o un país, reducirse a sus defectos o a sus virtudes?, ¿qué ocurre cuando alguien obtiene todo sin tener idea de su costo?
Corría 1957. Los niños de entonces percibíamos en nuestros mayores una preocupación difícil de comprender. Se hablaba de almacenar alimentos “por si acaso”. Solo con el tiempo, comprendí la razón: se aproximaban las elecciones. Los sucesos de los años 40 y la guerra civil del 48 habían dejado marcas profundas: el temor a que no se respetara la voluntad popular, el miedo a la violencia política y, en algunos sectores, un rechazo visceral al “comunismo”, según se entendió entonces.
Ese clima de fines de los años 40 se vivió con matices según regiones y grupos sociales. En el entonces remoto pueblo de mi madre, el jefe político se sentía investido de autoridad suficiente para imponer su voluntad. No juzgaré a quienes no puedan creer que ingresaba a casas de opositores para confiscar fotografías, afiches o radios, con el fin de impedir el acceso a noticias adversas.
La bondad de un finquero de ascendencia italiana permitió a mi madre y a mi abuela encontrar refugio temporal mientras cesaban los abusos. La literatura reciente confirma que no se trató de un hecho aislado.
Esas vivencias explican las aprensiones ante las elecciones de 1958. No obstante, el proceso transcurrió en tranquilidad y, con los años, conforme se sucedieron los comicios, tales temores se disiparon. Había nacido el Tribunal Supremo de Elecciones, garante del respeto al voto y fuente de una confianza cívica que perdura hasta hoy.
Las generaciones que vivieron aquellos años han desaparecido. Surgieron otras que, quizá por fallas de la memoria colectiva o de la enseñanza de la historia, ignoran lo vivido por sus mayores. Encontraron “la democracia hecha” y, en muchos casos, no conocen –o no valoran– el esfuerzo social y emocional realizado para heredar un país más justo y estable que el de sus abuelos.
Esa ignorancia –real o inducida– ayuda a explicar que algunos se atrevan a hablar de supuestas décadas de dictadura y reduzcan nuestra historia reciente a una sola palabra: “corrupción”.
Costa Rica es una sociedad defectuosa. Como ocurre con las personas, no se reduce a sus virtudes, pero tampoco puede reducirse a sus falencias. Desde el fin de la guerra civil, bajo gobiernos democráticos de distintos signos, el país experimentó profundas transformaciones: acceso generalizado al agua potable; desaparición casi total de las parasitosis infantiles gracias a instituciones como la CCSS y Acueductos y Alcantarillados. La mortalidad infantil cayó de 123,5 por mil nacidos en 1940 a 10,21 en 2024.
La electricidad, antes intermitente o inexistente, se consolidó con el ICE, liberando a las familias de la cocina de leña, asociada a algunas enfermedades pulmonares. Se generalizó la telefonía y se consolidó la universidad pública; nacieron el INA, el TEC, la UNA, el INVU, el IMAS y la banca nacional, que hicieron posible una sociedad más inclusiva y solidaria que la de nuestros abuelos.
Como niños que obtuvieron todo sin conocer sus costos, algunos que hoy disfrutan de esos logros pueden ser indiferentes –por olvido o desconocimiento– a conservar o perder la democracia. Sería injusto y temerario responsabilizar solo a los jóvenes de esa erosión: lo pertinente es preguntarse si, para la población total, la distancia con la experiencia histórica ayuda a explicarlo.
En ese desapego a la democracia, junto con promesas incumplidas y exclusiones persistentes, aparece la sombra de la corrupción. Es una lacra real, visible con claridad al menos desde los años 70. Sin embargo, el término ha dejado de ser categoría de análisis para transformarse en simple etiqueta de propaganda política: no interesa descifrarlo; basta pronunciarlo para disparar la emocionalidad. Así, algunos corruptos del presente han construido la ficción de que solo hay corrupción entre sus adversarios.
Se trata de un problema grave; eso es claro. Pero el país no se reduce a ello. Subrayar, de manera reduccionista, ese tópico, urgente de corregir, termina por ocultar varias verdades incómodas para ciertos intereses. Entre ellas, que Costa Rica no ha vivido décadas de dictadura en su historia reciente.
Hemos construido un país imperfecto, con una democracia inacabada, pero con más libertades, mejor educación y mejor salud que aquellos que, en nombre de maximalismos y perfecciones inexistentes, optaron por conculcar la democracia. En cambio, sobreponer ficciones a nuestra historia puede llevarnos, precisamente, por ese camino.
e.chavarria.solano@gmail.com
Édgar Chavarría Solano es profesor pensionado de Filosofía de la UCR.
