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Antes de toda celebración prematura, conviene detenerse en una imagen menos heroica que inevitable: la de un régimen que no cae por una epopeya popular, ni por una transición pactada, ni por la súbita conversión democrática de sus jerarcas, sino por puro agotamiento histórico.
Sesenta y siete años después, el castrismo ya no se sostiene en la promesa revolucionaria, sino en la rutina lúgubre de un aparato que transformó la escasez en disciplina, la miseria en obediencia y al Estado en botín de una casta militar-empresarial. La pregunta no es cuándo caerá, sino qué quedará en pie cuando termine.
Porque el castrismo no legará un Estado robusto que aguarde ser democratizado, sino una osamenta institucional devorada por mafias silenciosas y burocracias adiestradas para sobrevivir a toda escasez, menos a la de sus privilegios.
La verdadera arquitectura del poder no reside en el Partido Comunista ni en el Consejo de Estado, sino en el conglomerado militar que ha capturado los resortes de la economía: GAESA, ese Estado dentro del Estado.
Allí estará la primera prueba de cualquier transición: ¿quién la controlará? Los precedentes son sombríos. Egipto, tras Mubarak, demostró que un ejército puede inmolar al caudillo para preservar intacto su sistema; Irán, que una casta militar-clerical puede erigirse en propietaria patrimonial de la nación.
Cuba se parece menos a la Praga jubilosa de 1989 que al Cairo ambiguo de 2013: una transición en la que el uniforme cambia de lenguaje sin renunciar al poder: la Venezuela de hoy confirma esa continuidad bajo nuevas apariencias.
Pero el drama cubano cala más hondo que su institucionalidad capturada. Por generaciones, millones de cubanos han vivido sin la gramática elemental de una economía abierta: propiedad protegida, contrato exigible, crédito confiable, precio como señal, ahorro como promesa, emprendimiento como derecho y no como concesión revocable.
En su lugar, la vida cotidiana engendró un ingenio prodigioso para la supervivencia. Esa astucia ha salvado a innumerables familias del hambre y del absurdo. Pero la virtud del sobreviviente, por sí sola, no levanta las economías modernas.
La reconstrucción de Cuba exigirá transformar una cultura del capricho autócrata en una cultura de la ley; una economía de favores en una economía de derechos; una sociedad adiestrada en la desconfianza en una sociedad capaz de cooperar.
Para América Latina, el final del castrismo clausuraría un ciclo simbólico de proporciones difíciles de exagerar. Cuba fue mucho más que un país: fue un mito político, una coartada moral, una liturgia continental. Fue la isla donde tantos intelectuales latinoamericanos consagraron la fantasía del redentor armado, del caudillo purificador, de la revolución como absolución histórica.
Enrique Krauze lo ha diagnosticado con lucidez: América Latina ha sido demasiado indulgente con sus redentores, esos hombres que prometen liberar al pueblo para terminar confiscándole la voz. Sin Cuba como mito originario, la región habrá de exorcizar su propia nostalgia autoritaria.
Los efectos regionales no serán solo ideológicos. Su debilitamiento reordenará redes, lealtades, dependencias y narrativas, y abrirá grietas de incertidumbre: nuevas rutas migratorias, tensiones marítimas, disputas por activos, mafias instaladas en los vacíos institucionales y una presión humanitaria que no se detendrá en el Malecón de La Habana.
Estados Unidos enfrentará, entonces, la paradoja de su propia política. Durante 60 años, el embargo fue prueba de la hostilidad imperial para el régimen y de fidelidad anticastrista para buena parte de la política de Miami. Sin régimen, ese andamiaje perderá su función simbólica, y Washington descubrirá que una cosa era administrar la retórica de la presión, y otra muy distinta, acompañar la reconstrucción de una nación quebrada.
No habrá, salvo milagro político, un Plan Marshall caribeño. Tampoco será sencillo armonizar las expectativas de la diáspora, ni los reclamos de quienes permanecieron en la isla. La fantasía del retorno triunfal chocará con una verdad incómoda: la legitimidad moral del exilio no sustituye automáticamente la legitimidad social de quienes resistieron, padecieron y sobrevivieron dentro de la isla.
El problema de la propiedad será, quizá, el campo minado mayor de la transición. ¿Quién es dueño legítimo de los hoteles construidos sobre tierras confiscadas? ¿Qué ocurrirá con los activos administrados por empresas militares? ¿Cómo se tratarán los contratos firmados con capital extranjero? ¿Qué tribunales tendrán competencia? ¿Qué reclamos serán compensados, cuáles restituidos y cuáles políticamente imposibles de ejecutar?
El sector privado mirará a Cuba con ambición, y no sin razón. Habrá oportunidades reales. Pero quienes corran a posicionarse antes de que existan reglas claras no encontrarán un mercado virgen, sino un laberinto. La experiencia de Europa del Este tras 1989 ofrece lecciones, aunque con matices importantes: Polonia, Hungría o la antigua Checoslovaquia llegaron a la transición con tradiciones administrativas vivas, capital humano institucional y una gravitación europea que Cuba, sencillamente, no tendrá en la misma medida.
De ahí que el papel de los socios y organismos internacionales vaya a ser menos glamoroso, y mucho más decisivo, de lo que suele imaginarse. No se trata de financiar carreteras, hoteles o puertos. Se trata de algo más árido y más urgente: reconstruir catastros, tribunales, registros mercantiles, autoridades regulatorias, sistemas fiscales, normas de competencia y protección social. Antes que capital, Cuba necesitará reglas. Antes que promesas, instituciones. Y antes que instituciones, el capital humano capaz de sostenerlas.
La caída del castrismo será, sin duda, una buena noticia moral para las Américas. Pocas cosas resultan hoy tan indefendibles desde la decencia democrática.
Pero el día después no será una fiesta: será el comienzo de una contabilidad dolorosa. Reconstruir un Estado. El régimen cubano habrá terminado el día en que pierda el poder. Pero Cuba solo empezará a ser libre cuando consiga construir, sobre los escombros de la revolución, una república donde nadie vuelva a necesitar permiso para vivir dignamente.
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Tomás Dueñas es exministro de Comercio Exterior y exembajador de Costa Rica en Washington y ante la Unión Europea.
Alejandro Patiño Cruz es consultor internacional y exrepresentante permanente adjunto de Costa Rica ante la OCDE.
