EscucharCosta Rica enfrenta una situación paradójica: mientras 287.000 buscan empleo y el desempleo alcanza el 11,8 %, las empresas en zonas francas tienen problemas para llenar unas 26.000 plazas bien remuneradas y el sector turístico sufre para contratar trabajadores que hablen inglés.
Esto sucede porque hay un desacople entre las capacidades de la población desempleada y las necesidades de las empresas.
La desaceleración de la economía durante el último año y las previsiones macroeconómicas para los años siguientes señalan que no habrá un cambio estructural en materia de desempleo durante este cuatrienio. Ante esto, y dada la ausencia de un planteamiento concreto del gobierno, hay cuatro acciones realizables aun en el restrictivo escenario fiscal:
1. Mediante un presupuesto extraordinario, que el Ministerio de Hacienda otorgue un crédito a Conape por ¢90.000 millones a una tasa de interés subvencionada, como la que ya Conape cobra a los estudiantes.
Estos recursos serían destinados únicamente a las carreras y especialidades técnicas de alta demanda. En su plan anual, Conape contempló otorgar 5.890 créditos en el 2023, para un total de ¢40.000 millones.
Esto aumentará las colocaciones en ¢30.000 millones durante tres años y financiará la formación de aproximadamente 11.700 nuevos técnicos y profesionales. La gran ventaja, al tratarse de un crédito, es que los recursos no se contabilizan como gasto y tampoco entran en el tope establecido por la regla fiscal.
2. El INA cuenta con ¢213.000 millones de superávit que no está usando. En lugar de eliminar la regla fiscal para las entidades autónomas, como pretende el gobierno, se debe presentar una reforma de ley que, de manera excepcional, exima al INA para que use estos recursos con las potestades que otorga la reforma del 2021. Presuponiendo un costo promedio de la formación anual de ¢2 millones por estudiante, se formarían 15.200 técnicos al año en un plazo de siete años.
Es posible ir más allá. El INA posee las condiciones para establecer una operación crediticia con el BCIE por unos $130 millones con el fin de dedicarlos a la formación de 5.000 personas adicionales al año durante siete años. La gran ventaja es que ninguna de estas operaciones afecta el déficit del Gobierno Central y la operación crediticia con el BCIE no requiere garantía soberana.
Con estas medidas, el INA preparará a 141.400 personas en áreas clave para la atracción de inversiones y la generación de empleos, y aumentaría sus ingresos con el impuesto sobre la planilla.
3. Las universidades públicas son un actor esencial para el progreso. Los rectores deberían proponer al país un plan con metas y costos concretos para incrementar la cantidad de graduados en las carreras con más alta demanda a corto y mediano plazo.
Para ello, deben aprovechar que durante el 2024 y el 2025 las restricciones al gasto establecidas en la regla fiscal tendrán una relajación significativa que propicia un crecimiento superior al 4 %, pues el tope al gasto incluirá el efecto de la inflación en el PIB durante el 2022 y la deuda ya habrá bajado del 60 %. Una propuesta como esta demanda liderazgo de los rectores y fortalecería la posición de las universidades en la solución de los problemas nacionales.
4. La cuarta medida es tal vez la más simple, pero en muchas ocasiones las políticas más sencillas son las más eficaces. En los mercados, la disponibilidad de información es fundamental para la toma de decisiones, y el laboral no es la excepción.
Si cuatro veces al año el Ministerio de Trabajo, junto con Cinde, publica un informe en una conferencia de prensa sobre las carreras técnicas y profesionales de más alta demanda y los campos con mayores oportunidades, y la información se entrega a todos los estudiantes de décimo y quinto año de colegio, los jóvenes decidirán de mejor manera su futuro profesional.
El desempleo golpea a más de 287.000 personas, mientras las empresas tienen grandes dificultades para llenar posiciones bien remuneradas. Acciones como estas envían un mensaje contundente al mundo para seguir atrayendo inversiones: Costa Rica formará más de 156.000 técnicos y profesionales en áreas de alta demanda. Nuestro país tiene las instituciones y los recursos para asumir este reto, solo necesitamos que las autoridades se pongan a trabajar.
El autor es economista.
