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Considerando el panorama fiscal al que me referí el lunes, en el artículo “Por qué es urgente una nueva emisión de eurobonos” (21/11/2022), es trascendental la aprobación del expediente 23036 por cuanto: 1) reduce el riesgo de refinanciamiento para el repago de compromisos ya adquiridos; 2) aumenta la maduración promedio del portafolio de deuda; 3) reduce el riesgo que se podría asociar con el tipo de cambio, porque gran parte de los recursos se usarán para pagar vencimientos de deuda en esa moneda; 4) amplía los instrumentos de financiamiento del país; 5) controla el pago de intereses y el resultado del balance fiscal; y 6) no significa mayor gasto que el aprobado en los presupuestos nacionales, ya que se trata únicamente de un cambio en las fuentes de financiación.
En el 2022, países como República Dominicana, Bolivia, las Bahamas, México, Paraguay, Panamá y Chile participan en colocaciones en el mercado internacional, y en el mes de agosto, realizaron emisiones Guatemala y México; en octubre, Uruguay y Chile aprovecharon ventanas de oportunidad para acceder al mercado internacional; y, recientemente, Panamá.
Todos los años, como parte de sus herramientas de financiamiento, los Gobiernos acceden a los mercados internacionales en busca de mejores condiciones en plazo y costo. Algunos, incluso, para mantener presencia en el mercado externo.
Se debe considerar que uno de los efectos indirectos de las emisiones internacionales se produce sobre las tasas de interés locales. Históricamente, la disminución en la presión por los recursos internos ocasiona reducciones significativas en las tasas de interés del mercado doméstico de hasta 400 puntos base.
Lo anterior crea un mejor ambiente para la inversión, lo cual redunda en crecimiento económico, empleo y recaudación. Si bien es cierto que la coyuntura nacional e internacional puede ser un poco distinta a la del pasado, también es cierto que la contención en la presión sobre las tasas de interés será sustancial para la economía nacional, y siempre existirá el beneficio de acceder a financiamiento en el mercado internacional, en comparación con las captaciones domésticas.
Cabe reiterar que la emisión de títulos en los mercados internacionales no representa ni más gasto ni más deuda de la que la Asamblea Legislativa aprueba en los presupuestos nacionales. Es una alternativa de financiamiento que le permitirá al país mejores condiciones financieras en costo y plazo. El límite es autorizado por el Legislativo, que también tiene los instrumentos de control del gasto a través de la aprobación del presupuesto nacional y del seguimiento al cumplimiento de la regla fiscal.
El compromiso del gobierno con el control del gasto público está evidenciado en el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2023, que cumple con la tasa de crecimiento del 2,56% establecida en regla fiscal, que, sin servicio de la deuda y pensiones, prácticamente no crece, y registra un superávit primario presupuestario del 1,5% del PIB y un 59,1% se financia con ingresos.
Esta emisión forma parte de la Estrategia Fiscal 2022-2026, publicada por el Ministerio de Hacienda. En ella se marca la hoja de ruta clave para alcanzar la sostenibilidad y consolidación fiscal sobre tres pilares: 1) la contención y recorte del gasto público; 2) el incremento de los ingresos tributarios mediante una administración tributaria eficiente; y 3) una estrategia de financiamiento a largo plazo.
El primer pilar está garantizado con la aplicación de la regla fiscal y el segundo tuvo su génesis en la reforma fiscal promulgada en la Ley 9635, fortalecida con la reciente enmienda de la Ley General de Aduanas, por lo que la gran deuda con el país son los ámbitos de reforma al pilar del endeudamiento público. A este respecto, la autorización para que Costa Rica participe en los mercados internacionales de forma permanente es fundamental.
En cuanto a la gestión de la deuda pública, además de los eurobonos, se incluyen: a) los préstamos con organismos multilaterales y bilaterales; b) la apertura del mercado local de deuda a inversionistas extranjeros (Proyecto de Ley 22893); c) el manejo eficiente de la liquidez del Estado (Proyecto de Ley 22661); d) la propuesta de una reforma constitucional con el fin de agilizar los mecanismos para la emisión de deuda en mercados internacionales; e) la propuesta de un proyecto de ley para la mejor gestión de la deuda pública; f) la venta de activos del Estado para generar recursos y amortizar deuda; g) la propuesta de crear una Oficina de Gestión de Deuda Pública para una gestión integral; h) la iniciativa para desarrollar un programa de creadores de mercado para la deuda interna (Decreto 43529-H); i) la incursión en la emisión y colocación de deuda pública con principios sustentables; y j) continuar con la gestión de pasivos a través del mecanismo de canjes de deuda.
Estas acciones, en conjunto, asegurarán una mejora significativa en la gestión de la deuda pública, así como un avance en la senda de la sostenibilidad fiscal que requiere el país para garantizar el Estado social de derecho, en procura del mayor bienestar para todos.
El autor es ministro de Hacienda.
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