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El autoritarismo no empieza con tanques en las calles ni con decretos extraordinarios desde el primer día. Empieza mucho antes: con el lenguaje que normaliza la erosión de los contrapesos, con la trivialización de quienes advierten que se están cruzando límites constitucionales, con la burla –en lugar del debate– hacia las voces críticas. Comienza cuando se acepta que “los malos” pueden ser definidos arbitrariamente por el poder y cuando el debido proceso deja de ser un principio no negociable, para convertirse en un obstáculo incómodo.
Ese camino se pavimenta lentamente, mucho antes de que la represión o el uso abusivo del aparato estatal se vuelvan visibles. En Estados Unidos, por ejemplo, el discurso que durante años prometió perseguir exclusivamente a criminales e inmigrantes “ilegales” terminó justificando la violencia estatal contra ciudadanos estadounidenses comunes: madres de familia, trabajadores, personas sin antecedentes, cuya muerte fue relativizada o directamente explicada como un daño colateral necesario.
Y, ojo, no hubo duelo, ni reconocimiento del error; hubo relato. Y el relato importó más que los hechos.
Algo similar ha ocurrido en El Salvador. La promesa de erradicar a las pandillas fue acompañada por aplausos internacionales y resultados visibles en materia de seguridad. Pero, junto a los criminales, también fueron encarcelados inocentes, personas sin debido proceso, detenidas por sospecha, por error o por simple arbitrariedad.
La eficacia aparente convivió –y aún convive– con un debilitamiento profundo del Estado de derecho, con una prensa hostigada y con un sistema donde la excepción se volvió regla.
Quienes creen que en Costa Rica “eso no puede pasar” olvidan una lección fundamental de la historia política: el autoritarismo prospera cuando las democracias bajan la guardia.
Crece cuando los demócratas son excesivamente cautelosos, cuando el silencio se impone frente a las primeras señales de erosión institucional, cuando advertir sobre la concentración de poder es caricaturizado como exageración o alarmismo. Esa descalificación no es neutralidad; es legitimar el debilitamiento del derecho antes de que sea irreversible.
En un país que durante décadas confió más en sus instituciones que en líderes fuertes, esta complacencia resulta especialmente peligrosa. Hoy enfrentamos una encrucijada que no es menor.
¿Seguiremos apostando por fórmulas simplistas que prometen orden y mano dura, aun cuando ello implique costos reales para nuestras libertades y para el equilibrio democrático? ¿O recuperaremos un debate político donde el respeto a la institucionalidad, la separación de poderes y el debido proceso no sean vistos como obstáculos, sino como los pilares que sostienen una sociedad libre?
La experiencia comparada es clara y consistente: el autoritarismo nunca se queda donde promete empezar. Comienza persiguiendo a los “malos”, continúa ampliando el margen de sospecha y termina alcanzando a cualquiera que estorbe.
El precio de aceptar soluciones autoritarias no lo pagan solo quienes son señalados como enemigos; lo terminan pagando los inocentes y, con ellos, toda la sociedad.
Es momento de decirlo sin eufemismos: defender la democracia no es un gesto de ingenuidad. Es un acto de responsabilidad.
jpferrari68@gmail.com
Juan Pablo Ferrari Saavedra es periodista y consultor.
