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Hubo un tiempo en que Costa Rica era el nombre de una idea. No solo de un país. Una idea de que era posible existir entre gigantes sin arrodillarse ante ninguno, de que la neutralidad no era cobardía sino inteligencia estratégica, de que un país sin ejército podía tener más dignidad que todos sus vecinos armados juntos. Eso se enseñaba en las escuelas. Eso se llevaba como orgullo en el pasaporte.
Hoy, ese nombre suena hueco.
Lo que está ocurriendo en este momento no es una simple reorientación diplomática. No es pragmatismo, ni modernización, ni “adaptación a la realidad geopolítica del siglo XXI”, como dirán los voceros de turno cuando se vean obligados a explicarlo. Lo que está ocurriendo es una venta. Y como toda venta urgente, se está haciendo barato.
La pregunta que nadie en los pasillos de la Asamblea saliente quiso responder en voz alta es esta: ¿a quién le sirve alinearse tan abiertamente con Washington en este momento? La respuesta no está en los libros de relaciones internacionales. Está en los expedientes judiciales que varios de los protagonistas de esta historia preferirían que desaparecieran.
Porque hay algo que no puede ignorarse: los diputados que entran en mayo no llegan con una agenda de país. Llegan con urgencias personales. La inmunidad parlamentaria, en Costa Rica, no es un privilegio decorativo. Es un escudo funcional. Y escudos así no se buscan cuando uno no tiene nada que temer. Se buscan cuando el peso de lo que uno ha hecho empieza a volverse insoportable. ¿Cuántos de los que jurarán el cargo en pocos días lo hacen pensando en sus representados? ¿Cuántos lo hacen pensando en sus abogados?
Rodrigo Chaves lo entendió antes que todos. Entendió que el poder en Costa Rica, en este ciclo histórico, no se ejerce desde la presidencia. Se ejerce desde la sombra de la presidencia. Entendió que una sucesora leal vale más que cualquier continuidad formal, que una figura que repita sus líneas sin chistar es más útil que un heredero con criterio propio. Lo que tenemos ahora más parece una extensión de mandato con otro rostro.
Esto no es una acusación menor. Estamos hablando de que el Ejecutivo que viene no nació de una voluntad popular genuina, sino de una operación de continuismo disfrazada de cambio. La gente votó por un nombre.
Y mientras eso sucede puertas adentro, hacia afuera se hace la demostración de lealtad que Washington exige: alineamiento en votos en organismos internacionales, distancia calculada de gobiernos incómodos para Estados Unidos, cooperación “voluntaria” en agendas migratorias y de seguridad regional que Costa Rica jamás habría suscrito en otra época. Cada concesión viene envuelta en el lenguaje de la democracia y los derechos humanos. Es un lenguaje que suena bien. También es el lenguaje que han usado todos los imperios para justificar sus satélites.
Neutralidad no significaba ingenuidad. Significaba autonomía. Significaba que Costa Rica podía sentarse en la misma mesa que Cuba y que Estados Unidos sin deber explicaciones a ninguno de los dos. Esa posición tenía un costo real: requería coherencia, requería valentía institucional, requería decirle que no a quien tuviera más músculo. No era un accidente histórico. Era una decisión sostenida a lo largo de décadas por personas que creían que la soberanía no se hipoteca.
Eso se acabó. O está acabándose. Y lo más perturbador no es que esté ocurriendo –los ciclos históricos tienen su propia crueldad– sino la velocidad con que se normalizó. Con que se dejó de hablar de ello en los medios. Con que la clase política aprendió a hablar de “alianzas estratégicas” con la misma naturalidad con que antes hablaba de “paz”. Como si fueran sinónimos. Como si nadie fuera a notar la diferencia.
Costa Rica no perdió su neutralidad en una guerra. La perdió en un acuerdo de conveniencia entre personas que necesitaban protección judicial y una potencia que siempre prefiere clientes que aliados. No hubo invasión. Hubo negociación privada. Eso, en cierta forma, es peor.
Lo que viene después de esto no lo sabe nadie con certeza. Quizá las instituciones aguanten. Quizá la Sala IV, la Contraloría, algún fiscal con columna vertebral, pongan freno a algo. Quizá no. Lo que sí sé es que cuando un país empieza a vender lo que lo hacía distinto, rara vez encuentra el camino de vuelta. La identidad no se recupera con un decreto. Se recupera, si acaso, con generaciones de personas dispuestas a recordar lo que se perdió y a nombrarlo sin miedo.
El problema es que para nombrar algo, hay que admitir primero que desapareció.
Y en eso, todavía, seguimos en deuda.
Ronny De Greef Acevedo es economista y analista.
