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Costa Rica afronta un reto estructural que rara vez ocupa el centro del debate público: la ausencia de una visión integral sobre el papel de la aviación en el desarrollo del país. En una nación con geografía compleja, infraestructura vial limitada y regiones históricamente desconectadas, la aviación no debería entenderse como un lujo, sino como una herramienta estratégica para el crecimiento económico, la integración territorial y la competitividad internacional.
A nivel mundial, los países que incorporaron la aviación dentro de sus políticas públicas lograron descentralizar la inversión, fortalecer el empleo calificado y mejorar su conectividad interna y externa.
La aviación no solo transporta personas; conecta economías, regiones y oportunidades. Cada aeronave que opera en un país genera empleo directo (pilotos, técnicos, ingenieros, controladores y personal aeroportuario) e impulsa de forma indirecta sectores como el turismo, la hotelería, el comercio, la logística y la educación técnica. Lejos de extraer riqueza, la aviación la multiplica.
Esta realidad cobra mayor relevancia en Costa Rica, donde las distancias cortas en kilómetros se transforman en trayectos extensos en tiempo. La ausencia de una red ferroviaria funcional y la congestión vial permanente limitan la movilidad productiva. En este contexto, la aviación regional, privada y corporativa cumple una función complementaria indispensable, especialmente para zonas rurales, costeras y fronterizas. Países con condiciones geográficas similares comprendieron que, sin transporte aéreo, no existe integración territorial efectiva.
Pese a ello, la aviación nacional ha sido tratada durante décadas como una actividad secundaria o suntuaria. Un esquema fiscal basado en impuestos de importación y la fijación del IVA sobre repuestos, cargas al combustible y altos costos administrativos han limitado su crecimiento. Este enfoque no ha producido mayor recaudación; por el contrario, ha provocado flotas envejecidas, migración de aeronaves a otros registros y pérdida de inversión. La experiencia internacional demuestra que la recaudación sostenible proviene del desarrollo económico y no de la imposición fiscal.
A esta realidad se suma un problema institucional profundo. La aviación civil es una industria altamente regulada, pero regulación no debe confundirse con burocracia. En los últimos años, se ha consolidado un sistema administrativo que prioriza la tramitología sobre la eficiencia técnica. Mientras la aviación comercial regular recibe mayor atención por su impacto político y mediático, la aviación privada, las escuelas de vuelo, los trabajos aéreos y la operación regional han quedado relegados.
El problema no radica en la falta de conocimiento técnico del personal, sino en un entorno institucional que penaliza la toma de decisiones. Cualquier criterio que se aparte de la interpretación dominante se convierte en un riesgo administrativo. Como resultado, las decisiones se diluyen en cadenas interminables de revisiones y firmas destinadas a evitar responsabilidades. Ante la duda, se opta por no autorizar. Así se crea un sistema que opera hacia dentro, desconectado de la realidad operacional de la aviación moderna.
Las consecuencias son visibles: trámites que se extienden por meses, inversiones detenidas, operadores que trasladan sus aeronaves fuera del país y escuelas limitadas en su crecimiento. El impacto no es únicamente económico; también afecta la competitividad regional, la seguridad operacional y la credibilidad del sistema aeronáutico costarricense.
Costa Rica necesita una institucionalidad aeronáutica moderna, técnica y con autonomía real, alineada con modelos exitosos utilizados por países en desarrollo. La aviación requiere planificación a largo plazo, estabilidad normativa y personal especializado con condiciones adecuadas. Asimismo, la investigación de accidentes debe contar con independencia plena, conforme a los estándares internacionales, para fortalecer la seguridad y la confianza pública.
El país posee ubicación estratégica, talento humano y potencial para atraer manufactura aeronáutica ligera, centros de mantenimiento, formación especializada y nuevas tecnologías. La propia Ley de Aviación Civil establece que su finalidad es promover la aviación, pero hoy ocurre lo contrario. Corregir ese rumbo no es una concesión sectorial, sino una decisión estratégica de país.
La aviación no es para pocos. Es conectividad, empleo y desarrollo. Un país que limita su aviación limita su crecimiento. Costa Rica necesita dejar de verla como un problema y comenzar a tratarla como lo que realmente es: una oportunidad nacional.
daniel@flycorp.cr
Daniel Romero Martínez es consultor aeronáutico y piloto.
