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Mi infancia la viví en una zona suburbana mayoritariamente agrícola. Mi pueblo tenía un policía, por lo general vecino de la comunidad, sin más logística que un bastón policial y un viejo revólver; nada de radios de comunicación. Ya en los años 80 tuvo una motocicleta, la cual era reparada y le surtía combustible la Asociación de Desarrollo y hasta empresas particulares. Su “casetilla policial” se ubicaba junto a la plaza de deportes. Esta era una imagen recurrente en muchos de nuestros pueblos.
Tenía una gran ventaja: conocía a toda la gente, especialmente a los que mi mamá llamaba cariñosamente las “pintillas” del barrio. Cuando algo desaparecía, sabía dónde buscar. Esto, obviamente, era diferente en barriadas capitalinas. Este abordaje de la seguridad se fortaleció con el establecimiento de la Guardia de Asistencia Rural, en la última administración Figueres Ferrer. Decíamos entonces que nuestras fuerzas policiales “tenían el control de su territorio”.
En los años 90 y en la primera década de este siglo, algo empezó a cambiar. El policía desapareció del pueblo, dizque para centralizarlo en las delegaciones distritales más grandes. En mi caso, en el cantón Central de Alajuela, la Garita centro y barrio San José.
Pero, rápidamente, estas delegaciones también desaparecieron, y quedaron solo Montecillos y Turrúcares. Es decir, en el caso de un homicidio, se descompone el cuerpo y los oficiales todavía vienen en camino. Algo muy similar sucede con los inspectores de Tránsito. La excusa fue siempre la misma: escasez crítica de personal.
Costa Rica cuenta hoy con un número aproximado de 13.500 policías, lo que, según expertos, porcentualmente es muy bajo con respecto al resto de América Latina. Se discute la posibilidad de llevar ese número a 20.000 uniformados en un lustro.
Gracias al desempeño de diversos cargos de nivel medio en la administración pública, pude tener acceso a quejas de funcionarios de instituciones afines que ilustraban cómo el bipartidismo, dominante durante décadas, impidió, año con año, la asignación de suficiente presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública para apapachar el crecimiento de innumerables organizaciones de seguridad privada, a cambio de que estas financiaran a ambos partidos.
Sin que esa fuera la intención, se creó la inseguridad como negocio. No pretendo satanizar el negocio de la seguridad, pero lo cierto es que cumplen tareas muy distintas.
“Control territorial” se entiende como el control de un área geográfica determinada donde se encuentra asentada una población. Desde la tradición social, el territorio se entiende como el sistema socioecológico que reúne a la sociedad y el medio en que esta habita. En ocasiones, el territorio puede entenderse como el espacio físico dominado por un grupo social frente a otros.
Desde la alborada del Estado moderno, admitimos que este es el único depositario de la violencia legítima. El único que puede y debe ejercerla. Lo cierto es que hoy no es así en muchos lugares, especialmente en América Latina, con la aparición del flagelo del narcotráfico, fenómeno social, económico y político que va ocupando el lugar que antes ocupaba el Estado y cuyo objetivo principal es el narcomenudeo.
Aprovechando el control territorial, los grupos que se dedican al narcomenudeo también participan –verbigracia– en el trasiego internacional de estupefacientes, la extorsión de residentes y dueños de negocios, la venta de armas, la venta ilegal de servicios legales –como agua, luz, gas, televisión por cable y transportes públicos– y, con el producto de ello, la inversión del dinero obtenido en establecimientos comerciales legales (blanqueo de capitales). Las autoridades costarricenses denuncian también que se pasó al robo y la comercialización de combustible.
La violencia es un elemento intrínseco de cada proceso de territorialización. Parafraseando a Sebastián Saborío, académico de la Universidad de Costa Rica, vemos que su objetivo es la creación y recreación de nuevas formas de autoridad, que buscan desplazar a aquellas ya existentes.
Si se considera el número de homicidios declarados y registrados, América Latina es la región con más violencia letal del mundo. Esa es una de las principales razones por las que se hace necesario comprender con mayor precisión el fenómeno del control territorial. Para hacerle frente, es imperativo fortalecer la policía territorial con más y mejores recursos, para la que la labor de la Policía Judicial, que viene después, pueda ser también más efectiva.
josejoaquinarguedas@gmail.com
José Joaquín Arguedas Herrera es politólogo y administrador. Fue director general del Servicio Civil.
