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Costa Rica llegará a la votación del 1.º de febrero del 2026 con credenciales conocidas: una tradición democrática bien evaluada en los índices internacionales y, según el Instituto Fraser, con el mayor grado de libertad económica en América Latina y el Caribe. Sin duda, esto habla bien del andamiaje que el país ha construido a lo largo de los años. ¿Cuántas naciones no desearían poder decir lo mismo?
Pero la radiografía país no es tan alentadora. Veamos: con 905 asesinatos, el 2023 fue el año con más homicidios en la historia reciente. El 2024 cerró con 880 asesinatos, pero, aun así, es la segunda cifra más alta. Se estima que el 2025 termine con una cifra cercana a esos números. Este no es un detalle menor: sin seguridad, no hay inversión sostenida ni empleo de calidad.
La actitud ciudadana hacia las elecciones tampoco es optimista. La última encuesta del CIEP-UCR muestra un 55% de indecisos, a cuatro meses de los comicios. Siete de cada diez costarricenses ubican la inseguridad y delincuencia como el principal reto del país. Una democracia puede estar bien evaluada afuera y, al mismo tiempo, sentirse vulnerable por dentro. Esa es la tensión que Costa Rica encara en esta campaña. Para que fluya la seguridad económica, tiene que haber seguridad física y cibernética dentro de nuestras fronteras.
Desde Washington, la lectura es clara: si Costa Rica protege su seguridad ciudadana, económica e incluso cibernética, puede convertirse en el ancla de previsibilidad de Centroamérica en un contexto global de incertidumbre. Y aquí el vecindario importa. El futuro de Nicaragua en el Cafta-DR está bajo revisión. La oficina comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) publicó, el 20 de octubre, el resultado de su investigación a ese país bajo la Sección 301, con medidas en evaluación que van desde suspender beneficios del tratado de libre comercio hasta aranceles de un máximo de 100%, de manera inmediata, para nuestro vecino del norte. La decisión final coincidirá con el arranque del año electoral costarricense.
¿Por qué esto toca a San José? Porque un ajuste punitivo contra Managua redibujaría flujos logísticos y de comercio en el Istmo, generaría desvíos de comercio, presionaría puertos y aduanas ticas, y hasta podría alterar percepciones de riesgo país. También podrían aumentar flujos migratorios si se contrae la economía formal nicaragüense.
La respuesta de Costa Rica debe ser preventiva y práctica. En este sentido, Costa Rica debe enfocarse en la seguridad económica, su competitividad, y ver la ciberseguridad como política económica. En cuanto al primer punto, Costa Rica es candidata natural para absorber nearshoring en manufactura avanzada y servicios, pero debe reducir costos y trámites, acelerar obras logísticas y cuidar las señales a los inversionistas. La “hoja de ruta de semiconductores” (marzo del 2024) es un buen marco, siempre que se traduzca en talento, encadenamientos locales y reglas estables. La reciente decisión de Intel de cerrar su línea de ensamblaje y prueba en el país recuerda que la retención de la inversión extranjera directa exige disciplina, y no tiene fin.
En cuanto a ciberseguridad, en el 2022, un ataque de ransomware obligó a declarar emergencia nacional, paralizó trámites y afectó el comercio exterior. En el mundo de hoy, una caída de aduanas o salud por horas cuesta millones y erosiona la reputación. La campaña debería proponer, entre otros aspectos, segmentación de redes críticas; requisitos de seguridad en compras públicas y telecomunicaciones; ejercicios de mesa con el sector privado, académico y los organismos multilaterales; y un “ciberseguro” accesible para pymes exportadoras.
El ángulo geopolítico refuerza la urgencia de estas tareas. Nicaragua ha profundizado vínculos con China y mantiene una relación estrecha con Rusia. Blindar las redes ticas de estas influencias nefarias y exigir estándares de seguridad en infraestructura digital no es ideología, sino gestión de riesgo para proteger inversión, empleo y servicios públicos. Y es una señal que Washington toma en serio.
¿Qué puede hacer el Estado costarricense mientras llega febrero? En cuanto al futuro de Nicaragua dentro del Cafta-DR, trabajar en escenarios con el sector privado (nacional y multinacional), think tanks y multilaterales en relación con planes de contingencia en puertos, sustitución de insumos nicaragüenses y/o contratos logísticos alternativos. Además, debe seguir con su diplomacia económica activa (Comex, Procomer, embajadas); estas instituciones han hecho una buena labor posicionando a Costa Rica como hub confiable de reubicación productiva, y podrían anticipar un rol mayor para el país, en caso de que cambien las reglas regionales.
Asimismo, se debe pensar proactivamente en la cooperación operativa con Estados Unidos en trazabilidad, control portuario y ciberdefensa. Hay programas y financiamiento disponibles si el país llega con prioridades claras y con métricas.
Nada de esto requiere esperar la elección, pero sí implica coordinación público-privada y una narrativa honesta: Costa Rica tiene fortalezas reales, pero su reputación no está blindada. Se defiende con resultados medibles en seguridad, competitividad y ciberresiliencia.
Desde Washington, el mensaje es sencillo: si Costa Rica convierte su prestigio institucional en seguridad integral, seguirá atrayendo inversión y apoyo internacional. De no actuar, el país seguirá generando dudas, y esto se reflejará en la calidad de vida de todos nosotros.
MBozmoski@atlanticcouncil.org
María Fernanda Bozmoski es directora de Impacto y Operaciones, y líder para Centroamérica, del Centro para América Latina Adrienne Arsht, Atlantic Council.
