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La administración Chaves le hizo un enorme daño al debate sobre la apertura eléctrica en Costa Rica. Durante cuatro años, se fabricó la ilusión de que todo marchaba de maravilla en el sistema eléctrico nacional, al punto que Rodrigo Chaves llegó a afirmar en el 2023 que “el ICE está volando”.
Sin embargo, la realidad era muy distinta. En esos años, el ICE acumuló crecientes costos por generación térmica e importaciones de energía, deteriorando cada vez más su situación financiera. La Aresep ya había advertido desde el 2024 de que esos gastos eventualmente tendrían que reflejarse en las tarifas eléctricas. Aun así, el gobierno prefirió sostener su narrativa de “tarifas bajas”, postergando el problema y trasladando los costos hacia el futuro.
Se trató de un claro caso de populismo energético. El problema es que hoy estamos pagando las consecuencias políticas de esa manipulación. Muchos opositores a la apertura utilizan las tarifas contenidas de los últimos años y la reducción de la brecha tarifaria con el resto de Centroamérica como supuestas pruebas de que el modelo eléctrico actual funciona adecuadamente, es sostenible y no requiere reformas profundas.
En realidad, esa aparente estabilidad nunca fue el resultado de resolver los problemas estructurales del sistema ni de expandir significativamente la capacidad de generación. Nació de esconder los costos de la generación térmica. Y mientras tanto, se está gestando una crisis energética que será agravada con la llegada inminente de un “Súper El Niño” este año.
No se trata de un debate abstracto. La demanda eléctrica crecerá aceleradamente producto de la electrificación del transporte, el auge de los centros de datos, la manufactura avanzada y el crecimiento económico. Estimados conservadores apuntan a que Costa Rica necesitará aumentar en alrededor de un 55% su capacidad de generación eléctrica durante los próximos diez años, además de realizar inversiones multimillonarias en transmisión y distribución.
Ahí es donde la realidad golpea los eslóganes. El ICE simplemente no tiene la capacidad financiera ni de ejecución para asumir por sí solo semejante desafío. Y el problema se agrava porque el gobierno desperdició cuatro años maquillando la situación en lugar de preparar al país para lo que viene. Prueba de la falta de planificación es que ahora el ICE está corriendo para contratar plantas de alquiler de diésel, que son significativamente más caras y contaminantes, con el fin de evitar cortes de luz en 2027.
Por eso, urge la apertura eléctrica. Costa Rica necesita atraer inversión privada, acelerar proyectos y diversificar actores para evitar que el crecimiento de la demanda termine chocando contra un sistema eléctrico anquilosado y políticamente manipulado. Eso no significa que el proyecto de armonización eléctrica no tenga aspectos problemáticos. Ciertamente, requiere ajustes importantes, pero esas mejoras no deben servir de excusa para negar la necesidad de modernizar el marco normativo que rige al mercado. Si no actuamos pronto, las consecuencias podrían manifestarse en fuertes aumentos tarifarios e incluso en racionamientos eléctricos.
Y aquí aparece la gran contradicción del populismo energético del oficialismo. Por un lado, impulsó discursos triunfalistas ilusorios sobre la fortaleza del modelo eléctrico actual, pero, al hacerlo, fortaleció la narrativa de quienes minimizan la urgencia de reformas estructurales. Ahí encontramos hoy a Liberación Nacional, el Frente Amplio y otros defensores del statu quo, quienes practican su propia versión de populismo energético, sazonada con una fuerte dosis de realismo mágico: creen posible mantener intacto el modelo actual al tiempo que ignoran los problemas financieros del ICE, el crecimiento futuro de la demanda eléctrica y las cuantiosas inversiones que serán necesarias para atenderla.
Costa Rica necesita una discusión seria y honesta sobre el futuro energético nacional. No propaganda ni consignas ideológicas. La apertura eléctrica no debería debatirse como una guerra entre “vendepatrias” y “comunistas”, como lamentablemente está ocurriendo a la fecha. La discusión real es mucho más simple: cómo garantizamos suficiente energía, suficiente inversión y suficiente capacidad de expansión para que Costa Rica pueda crecer durante las próximas décadas sin exponerse a crisis energéticas ni a aumentos abruptos de tarifas.
Precisamente por eso es que necesitamos más competencia, más inversión y un sistema menos vulnerable a manipulaciones políticas. Necesitamos la apertura del mercado. Porque cuando la política energética cae en la dinámica electoralista, el país entero termina pagando la factura.
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Juan Carlos Hidalgo es excandidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), politólogo y analista.
