Casi 4 meses después, las historias de migrantes deportados siguen doliendo

Ahora, más de tres meses después de la llegada de los vuelos que transportaban a más de 200 personas asiáticas y africanas (casi la mitad niños, niñas y adolescentes), hay aproximadamente 66 personas que permanecen en Costa Rica y en un limbo, atrapadas entre la cruel política de Estados Unidos y las terribles decisiones que deben tomar: volver a países donde sus vidas corren peligro, quedarse en una nación que no conocen y donde no tienen ningún tipo de arraigo, o volver a emprender la ruta hacia Estados Unidos arriesgándose a sufrir más violaciones a sus derechos.

Mientras deciden, estas personas se encuentran ubicadas en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), en Paso Canoas. Luego de tantos meses de incertidumbre, se empiezan a observar consecuencias en su salud mental y física. Hasta la fecha, no tienen acceso a educación, el apoyo médico y psicológico es limitado y no tienen posibilidad de generar recursos, lo que los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.

Además, desde su llegada al Catem, las autoridades han sido omisas en brindar información oportuna y certera sobre las características de este grupo de personas y sus decisiones, aun cuando se han tramitado solicitudes de información en reiteradas ocasiones y por las vías oficiales.

Nuestras organizaciones están en contacto frecuente con estas personas y sus testimonios dan cuenta de parte del drama que afrontan cotidianamente: la dieta de una madre lactante de una minoría étnica de Afganistán no era lo suficientemente completa para producir la leche materna que requería su bebé de 16 meses. Otra madre de Armenia no recibió atención médica oportuna para su hijo de 12 años, quien presentó un cuadro de erupciones en la piel, y ella tiene dificultades para ver, pues sus anteojos se quebraron y, hasta la fecha, no se le han reparado. Es evidente, además, que el estrés emocional aumenta debido a la convivencia forzada entre personas que hasta hace pocos meses no se conocían.

Si bien numerosos actores (organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, medios de comunicación y legisladores, entre otros) han visibilizado y denunciado esta lamentable situación, la respuesta de Costa Rica sigue siendo deficiente. La resolución que les otorga a estas personas un estatus temporal por razones humanitarias es un buen paso, pero sigue siendo insuficiente para reparar el daño que han sufrido.

Las personas que siguen en el Catem necesitan acceso a mayores servicios y un acompañamiento cercano acorde con sus necesidades, mientras logran decidir cuáles serán sus próximos pasos para encontrar un lugar donde vivir con seguridad y dignidad.

El gobierno costarricense debe ampliar el plazo de autorización para su permanencia en el país por al menos 12 meses (debido a que cualquier tipo de reasentamiento a otro país puede llevar mucho tiempo), y debe asegurar que los niños, niñas y adolescentes reciban educación, así como atención psicológica y médica oportuna. Debe brindarles a estas personas información en sus respectivos idiomas para que puedan tomar decisiones informadas, y realizar las gestiones necesarias para que otros países les brinden acogida, si así lo desean estas.

Para quienes soliciten la protección de Costa Rica, es fundamental que se les brinde un programa de acompañamiento permanente para su adecuada inserción en el país.

El gobierno de Costa Rica participó voluntariamente en una serie de violaciones de derechos humanos contra personas migrantes expulsadas por Washington y ahora no puede lavarse las manos. Debe tomar medidas inmediatas para garantizar los derechos de estas personas y asegurar que esto no vuelva a ocurrir.

rschmidtke@refugeesinternational.org

Marcia Aguiluz trabaja con el Comité de Servicio de los Amigos Americanos con sede en Costa Rica. Isela Loría labora con el Servicio Jesuita para Migrantes. Rachel Schmidtke trabaja con Refugees International.