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No soy partidario de una Constituyente, y menos con la posibilidad de que por nosotros, los ciudadanos costarricenses, decida gente sin la formación adecuada o con intereses no coincidentes con el justo bien común, que es lo que se persigue.
Sin embargo, pienso que nuestra Constitución –que está cumpliendo 76 años y ya ha sido modificada parcialmente varias veces– requiere remozamiento mediante modificaciones parciales, con un mecanismo de asesoría técnica de calidad, para que los diputados ejerzan su deber con el mejor apoyo posible. Los tiempos cambian, surgen nuevas situaciones que requieren una Constitución renovada; algunos rubros dejan de ser importantes y aparecen otros que sí lo son. La actualización periódica se hace necesaria.
Por supuesto que hay infinidad de temas que me interesaría incluir en una Constitución remozada, pero no puedo tocarlos todos. Hay otros, muy jurídicos, que no me atrevo a abordar, pues no soy abogado. Como “carta al Niño”, expondré los que son de mi especial interés:
- Congreso bicameral. Costa Rica necesita un senado, de unas 20 personas con un altísimo y comprobado nivel académico de gran calidad, con experiencia relevante en el sector público o similar y multisectorial, ojalá. Nuestro Congreso, por la forma en que se eligen los diputados, se volvió demasiado popular y, como muy a menudo lo vemos, de comportamiento inadecuado… Pocos son los diputados que en cada legislatura se salvan.
- Elección de diputados. Quisiera ver un sistema de elección de legisladores que no sea por lista partidaria, sino que ofrezca la posibilidad de fraccionar el voto, incluso de forma multipartidaria. Así, se le abre al elector la posibilidad de votar por “causas” y por candidatos que en la papeleta van atrás. Me gusta la reelección inmediata por una única vez, y que se tenga que dejar luego un periodo para optar por una posible repostulación.
- Eliminar las provincias. Planteo reemplazarlas por las seis regiones, compuestas por un total de 22 subregiones, tal y como lo ha planteado Mideplán, por razones técnicas relacionadas con la planificación para el desarrollo. Las municipalidades se ubicarían, como ya se hace, solamente en una subregión. Doy un ejemplo del porqué: ¿qué sentido tiene que Coto Brus sea parte de Puntarenas? Lo tuvo, pero hoy ya no. Ninguna provincia se salva de situaciones similares.
- Bajar drásticamente la cantidad de municipios. No va a suceder, pero debería. Hay demasiados intereses creados, especialmente en relación con el increíble ingreso que perciben los alcaldes y vicealcaldes. Varios ganan más que el alcalde de Nueva York. El punto principal es que con 30 municipalidades fuertes en todo sentido, gestionadas con profesionalismo –actualmente, a una gran parte casi que se las lleva el viento– y que promuevan la participación comunitaria con sentido y las economías de escala, estaríamos mucho mejor y nos saldría más barato.
- Justicia pronta y cumplida, que no se da... ¿Y si nos vamos por el common law anglosajón? Cambio drástico, sin embargo. Lanzo la inquietud para que me la despedacen. Lo importante es que constitucionalmente se establezca una mejor forma de impartir justicia que la actual.
- Planificación. Fortalecer la vinculación entre el diseño de los planes de desarrollo a largo plazo (estratégicos, medianos y operativos, o PAO), mediante el Sistema Nacional de Planificación, que incluye la consulta a la sociedad civil organizada, los presupuestos estatales, su ejecución y el control y evaluación, para tener un Sippco (Sistema Integrado de Planificación, Presupuesto y Contabilidad) que le cumpla a la ciudadanía. Conviene que sea la economía de mercado regulada la que funcione para la vida cotidiana. Aquella, sin embargo, no es capaz de marcar el rumbo estratégico, basado, ojalá, en una visión-país, de Estado.
- Capacidad gerencial. Hacer obligatorio que quienes dirigen entidades públicas en el Poder Ejecutivo y en el régimen municipal tengan la formación gerencial requerida con énfasis en sector público. La Escuela de Administración Pública de la UCR debe ser remozada como corresponde. Hoy en día no está a la altura de la UCR ni del sector público presente y futuro.
- Autonomías. Establecer claramente el carácter de las autonomías de las empresas públicas, para que no haya duda de que la autonomía, con excepción de las universidades, es gerencial, no política, y nunca autárquica. La definición precisa de los conceptos descentralización y desconcentración debería ser incluida.
- Más tiempo para gobernar. Me gustaría ver un periodo presidencial de seis años, o al menos de cinco, sin posibilidad de reelección.
Carlos Manuel Echeverría Esquivel es exprofesor de Ciencias Políticas de la UCR y miembro de la Corec I.
