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El individualismo que ha permeado nuestra vida cotidiana y estructura social nos ha venido condenando a no ver la grave situación en que se encuentra Costa Rica en áreas claves para su desarrollo: salud, educación, inversión social y seguridad. Nos hace indiferentes a nuestro entorno social. Empezamos a creer que lo que sucede a nuestro alrededor no nos afecta.
Pero es todo lo contrario. Nos urge salir de esa pequeña burbuja y despertar con una renovada visión histórica y solidaria que reafirme nuestras grandes conquistas y nos proyecte al futuro con la certeza de que habrá mejores condiciones de vida para quienes habitamos el territorio nacional y, especialmente, para la niñez y la juventud, amenazadas por un oscuro horizonte de contradicciones y carencias.
Los programas de inversión social han experimentado una alarmante caída en los últimos años, al pasar, por ejemplo, del 12,8% del PIB en 2020 al 9,3% en 2025. Esto es muy revelador de cómo el gobierno les ha venido restando importancia.
Una situación dramática experimenta también la inversión en educación, ya que del 8% del PIB establecido en la Constitución Política, para el 2025 el gobierno apenas asignó un 4,98%, con lo que se deterioran las condiciones de una buena educación a la que tiene derecho toda la población.
En materia de salud pública, el deterioro se hace evidente con la persistencia de las listas de espera, las disparidades de asignación de recursos según los territorios, las inhumanas condiciones con que muchas personas hacen fila en las madrugadas para obtener una cita médica y el déficit de 189 Ebáis en todo el país para poder cumplir con los parámetros fundamentales de atención en salud.
Y en materia de seguridad ciudadana, la problemática es angustiante. La escalada de homicidios solamente muestra una cara de la violencia estructural que azota al país. El narcotráfico sigue su avanzada, ahora con el ingreso y el comercio de variedad de drogas que amenazan con llevar al país a una crisis sanitaria sin precedentes.
En un contexto que violenta derechos fundamentales, el Poder Ejecutivo se ha empeñado en cuestionar la institucionalidad pública y, lejos del mandato establecido en la Constitución Política, insiste en socavar la división de poderes. Ha mostrado una actitud cerrada al necesario diálogo que las organizaciones requieren para evaluar su trabajo y obligarse a mejorarlo. Y las acciones populistas que ha promovido sirven para generar un clima de violencia, ajeno a nuestra idiosincrasia y a los principios centrales del sistema democrático costarricense, que pretenden garantizar la equidad, la justicia, la paz social y el bien común.
En las actuales condiciones, como país, estamos caminando sobre un espejo roto que todavía no se ha hecho añicos. Nos encontramos cerca del precipicio y, para salvarnos como país, debemos superar el individualismo (producto de la ideología neoliberal), resolver de fondo los problemas de violencia estructural –no basta con la receta única de la represión–, asegurar los derechos esenciales, atacar de manera directa y efectiva la corrupción y generar conciencia entre las personas para que, lejos de creer cuentos populistas, exijan transparencia y rendición de cuentas en que se evidencie con datos si hay avances o retrocesos en los campos fundamentales para el desarrollo nacional.
Hago un llamado a todo el país, a las instituciones públicas, incluidas las universidades, y a todas las organizaciones comprometidas con el Estado social de derecho y con un país más solidario, para que redoblemos esfuerzos a fin de resguardar nuestras conquistas históricas, más allá de cualquier interés o aspiración política partidaria.
De cara a las próximas elecciones presidenciales, ningún partido o candidatura que atente contra nuestro Estado de derecho merece nuestro apoyo.
JOSE.VARGASVARGAS@ucr.ac.cr
José Ángel Vargas Vargas es catedrático de la Universidad de Costa Rica.
