Cambios necesarios en las elecciones del cooperativismo

En el Infocoop, los representantes del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) son mayoría en la Junta Directiva, por lo que administran una cartera de crédito de más de ¢130.000 millones, cuyos controles externos son endebles.

El que la ley de cooperativas establezca que tales elecciones se deben celebrar cada dos años tiene a los dirigentes en campaña permanentemente, lo cual supone un conflicto de intereses, porque quienes poseen el control absoluto del Conacoop y del Infocoop manejan fondos millonarios que si lo desean podrían utilizar para consolidarse en el poder y anclar vínculos con otros actores. Por ejemplo, beneficiar a cooperativas aliadas y marginar a las adversarias o indiferentes, lo que desluce el ideal de democracia cooperativa y perpetúa un círculo vicioso.

Como si fuera poco, la dirigencia que se postula a las elecciones bienales es la que aprueba en la Junta Directiva del Infocoop la clasificación de cooperativas que pueden votar.

Estos mismos dirigentes depuran el listado en Conacoop y construyen el padrón electoral. Por eso, siempre hay reclamos de cooperativas excluidas sin mayores sustentos. No existe tampoco un tribunal de elecciones independiente, por lo que en ello hay evidentes desafíos.

Según el Censo Nacional Cooperativo del 2012, había 594 cooperativas activas, contando las de escuelas y colegios, ¡que también votan!

Al no poder los niños y jóvenes, por razones de edad, asistir a ellas, delegan la representación en adultos que, por lo general, no conocen sobre la misión del cooperativismo o de la relevancia de un voto responsable. Lo dramático, para las elecciones de este año, que se efectuarán el 15 y 16 de junio, es que de las 473 cooperativas que ejercerán el voto, según el padrón publicado por el Conacoop, 239 son de centros educativos, es decir, el 50 %.

El mecanismo de elección consiste en realizar tres asambleas: una de cooperativas de autogestión, la segunda de cooperativas agrícolas e industriales y la tercera de lo que la ley llama “demás cooperativas”.

Las escolares votan en esta última, donde serán el 76 % del grupo, una mayoría aplastante frente a sectores como electrificación y ahorro y crédito, cuya membrecía representa el 90 % de los cooperativistas del país. Los niños y jóvenes asociados a las cooperativas de escuelas y colegios no representan ni el 1 %, según el último censo, pero al parecer definirán la elección.

En el cooperativismo existen dos tendencias políticas, lideradas por conocidos dirigentes. La del sector autogestionario ha gobernado en los últimos 15 años y ha logrado ganar al sector agrícola e industrial por márgenes pequeños. Con certeza, esa tendencia se mantendrá, pero, de perder el agroindustrial, serán las “demás cooperativas” las que definan el control del Conacoop y, por tanto, el papel del voto “infantil” resulta esencial. Lo anterior, por cuanto el grupo que gana dos de los tres sectores es el que gobierna el Conacoop y el Infocoop.

Todo este contexto conduce a pensar en la urgencia de impulsar cambios profundos en la ley de cooperativas, no solo en el plano democrático, sino también en otras esferas, como la fiscalización, la ética, el desarrollo territorial y empresarial, el enfoque de género y la buena gobernanza de los organismos rectores.

gusfercr@yahoo.com.mx

El autor es ex director ejecutivo del Infocoop.

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