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El transporte público debe ser eficiente, no un problema que es responsable, en parte, de las rutas constantemente saturadas y en cuyas presas se ve la vida pasar lentamente.
Pero, por el contrario, estimulada por el Poder Ejecutivo, existe una propuesta para ampliar los años de “vida útil” de cientos de autobuses que hace mucho debieron salir de circulación, pero continúan activos, cayéndose a pedazos, oxidados, incendiándose ahora frecuentemente y, sobre todo, sin los requisitos de accesibilidad.
Los derechos humanos, más allá de su dimensión jurídico-administrativa, son reivindicaciones constantes de la sociedad civil y los movimientos sociales, los cuales representan a grupos de esta y deben ser considerados a la hora de tomar decisiones, en este caso en lo relacionado con el transporte público. La población con discapacidad es invisibilizada en el proyecto.
Ignorada por completo a la hora de la formulación de la propuesta —previsible, pues es obvio que iban a oponerse, ya que la población con discapacidad es la que resultaría afectada todavía más—, las utilidades de los transportistas pasan al primer lugar, con el resultado de violar los valores de inclusión e igualdad que son pilares de un Estado de derecho, como el que Costa Rica se supone que es.
Una sociedad fundamentada en principios de justicia debe moverse, por lógica, hacia la accesibilidad en los entornos físicos para reducir las brechas históricas, así como la discapacidad misma, puesto que esta la causa, precisamente, el entorno y no la persona.
En un país donde inexplicablemente no se cuenta aún con un metro o una red de trenes eficiente, los autobuses son la única opción para cientos de miles de costarricenses, entre ellos, un alto porcentaje de personas con discapacidad.
Los buses viejos, mal cuidados, sin adaptaciones para usuarios de sillas de ruedas, por ejemplo, tornan imposible cerrar la brecha, y, por el contrario, se ensancha la afectación y alcanza otros derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, la educación o la salud, por cuanto la deficiencia en el servicio incide en los traslados a centros educativos, clínicas o Ebáis y a los sitios de trabajo.
Los derechos humanos no son negociables, y privilegiar las ganancias de empresarios que invierten migajas en accesibilidad es inaceptable. La normativa jurídica y los acuerdos internacionales ratificados crean responsabilidades para protestar y exigir no solo mejoras, sino también que autobuses inservibles estén en las chatarreras y no en las carreteras.
josedaniel.rodriguez@ucr.ac.cr
El autor es politólogo.
