EscucharEl 1.° de junio la Procuraduría General de la República emitió un dictamen que elimina las interpretaciones a gusto y colores de cada administración con respecto a los ascensos y concursos para desempeñarse en el servicio exterior.
El dictamen refuerza lo establecido en la Ley 3530, del Estatuto del Servicio Exterior y su reglamento, pero que las administraciones han ignorado apelando a la costumbre, a una muy mala costumbre.
La Procuraduría reitera “que existiendo normas imperativas que integran un régimen estatutario especial regido por normas de derecho administrativo, bajo ninguna circunstancia una práctica anómala o costumbre administrativa contra legem puede perpetuarse y convertirse en fuente de derecho”.
El acceso a la carrera diplomática está establecido por ley y para ello se debe convocar un concurso de oposición, donde, como la palabra lo dice, el objetivo es reclutar a los mejores por medio de una serie de pruebas académicas y psicológicas. Pasado este proceso, hay un año de prueba como aspirante a agregado.
La mayoría de los servicios exteriores en el mundo funcionan de esa manera, fundamentados en un régimen especial, jerarquizado y probado por mérito, en los que una continua profesionalización lleva a las personas que integran la carrera diplomática a que se esfuercen por alcanzar las diferentes categorías y cargos.
El servicio exterior de Costa Rica lo conforman siete categorías, que van de agregado a embajador, y para ir ascendiendo los diplomáticos están obligados a cumplir más y más requisitos, entre los académicos y lo que se ganan con la experiencia.
El problema al que nos hemos enfrentado es que, aunque se cuente con siete categorías en la ley, en la práctica, existen en su mayoría cargos para los tres primeros rangos solamente, a conveniencia y comodidad de muchos, pero con consecuencias nefastas en los rangos del escalafón.
En la Cancillería, una persona tarda aproximadamente 20 años en pasar de agregado a embajador. Pero con el criterio aplicado desde el 4 de agosto del 2017 por la Dirección Jurídica de la Cancillería, un agregado podía esperar hasta 8 años para ascender al escalafón inmediatamente superior.
No solo implicaba un daño personal y económico, sino también profesional, porque esa persona no podía concursar por puestos que requerían un rango superior, aunque hubiera cumplido con los requisitos de fondo y tiempo.
Y de ahí a ser embajador conllevaba no 20 años sino muchos más debido a una interpretación del estatuto que perjudicaba al capital humano de la Cancillería.
Por eso, es tan importante el dictamen de la Procuraduría, pues se reitera que el servicio exterior está integrado por los tres servicios: diplomático, consular e interno, y que es un régimen jerarquizado y de desempeño, lo que elimina el clientelismo y disminuye la posibilidad de los nombramientos políticos, pues debe declararse la inopia por cada categoría antes de acudir a esta práctica que usualmente se utiliza para pagar favores políticos.
La carrera diplomática costarricense procura la profesionalización desde hace unos treinta años, pero aun así lo referente a los concursos independientes por categoría y los ascensos presentan tres retos: el respeto real a las categorías, el cumplimiento de la prelación por rango y la necesidad de completar la creación de los demás puestos del escalafón.
La Cancillería no se puede permitir más interpretaciones incorrectas, ni evadir su responsabilidad por falta de criterio o capacidad, la ley es clara y tiene solidez jurídica.
Esperamos y demandamos que se utilicen los mecanismos pertinentes para garantizar la idoneidad de las personas en los puestos, y transparencia en el servicio público y la política exterior.
La administración debe prestar atención al dictamen para que no caiga en errores que se pagan caro, como pasó hace cuatro años en este ministerio o como los últimos casos mencionados por la prensa sobre posibles nombramientos irregulares en el Instituto Costarricense de Electricidad y en la Promotora de Comercio Exterior.
La autora es diplomática de carrera y exvicepresidenta de la Asociación Costarricense de Diplomáticos de Carrera.
