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Al comienzo de cada año es habitual plantearnos nuevas metas. En lo personal, desde el plan de nutrición mejorado hasta la inscripción al gimnasio postergada. En lo social, es necesario plantearse los desafíos del año. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propone a la sociedad costarricense una meta para este 2023: una nueva ley de aguas, pospuesta a lo largo de muchas décadas y que amerita retomarse.
Sobre un conversatorio en la Asamblea Legislativa, resumo los aportes de los ponentes que motivaron esta desafiante propuesta:
En agosto de 1942, cuando se aprobó la Ley de Aguas, el país contaba con solo 687.400 personas; hoy son 5 millones, explicó la exlegisladora Maureen Ballestero, quien labora en el PNUD.
Costa Rica era un país agroexportador de cuatro productos y hoy tiene una economía diversificada. En 1942, no había noción sobre el cambio climático. Entonces, pensábamos en recursos renovables. En este momento, sabemos que hay presión, escasez y estrés. Por eso, el país lleva dos décadas discutiendo reformar la Ley de Aguas. Dos proyectos fueron aprobados apenas en primer debate.
El coordinador del Programa Estado de la Nación, Leonardo Merino, expuso que Costa Rica es fuerte para usar el agua, pero débil para cuidarla. Fuerte, porque cuenta con acceso a agua potable, por encima del 90 % de la población, lo cual repercute positivamente en el desarrollo humano. Sin embargo, existe debilidad para controlar lo que pasa después de usarla.
Una gran mayoría de los contaminantes contenidos en las aguas servidas terminan en suelos, ríos o costas. También, es preocupante la inequidad en el acceso y uso. En las zonas transfronterizas y en los cantones con índice de desarrollo humano más bajo, la disponibilidad no es la misma que en los cantones más ricos.
Las mujeres y poblaciones indígenas y con discapacidad están más expuestas a estas deficiencias. No es de extrañar que un 60 % de los conflictos en la última década estén relacionados con el manejo del recurso hídrico.
Para Irene Murillo, exdirectora ejecutiva del Cedarena, la naturaleza de bien público del recurso hídrico, el acceso al agua como derecho humano, el abastecimiento poblacional como prioridad pública, la gestión eficaz del abastecimiento que considere costos de provisión del servicio y de conservación del recurso, y la división geográfica con criterios técnicos para una administración del recurso hídrico descentralizada y participativa son algunos principios recomendados para una nueva ley.
José Álvaro Jenkins, presidente de la Uccaep, opina que debe definirse un solo ente rector que emita directrices claras y facilite la coordinación institucional para una gestión eficaz, estimular la inversión en infraestructura pública para abastecimiento del agua, asignar contenido presupuestario para ello y establecer reglas claras a las alianzas público-privadas.
Hay ejemplos de empresas apoyando inversiones públicas de irrigación que podrían ampliarse para que el Estado no asuma todos los costos de inversión en infraestructura, afirma Jenkins.
Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía, hizo énfasis en el uso de la ciencia y la información precisa para una correcta gestión del agua, dijo que la Dirección de Aguas del Minae cuenta con sistemas de información y sofisticación de datos de monitoreo de acuíferos y aguas superficiales y que todo proceso de negociación amerita ponernos de acuerdo sobre los principios de la ley antes de incursionar en el detalle de los textos.
¿Estamos de acuerdo en los principios que han de regir una nueva ley de aguas para una gestión integrada del recurso hídrico acorde con las condiciones del siglo XXI, las aspiraciones nacionales y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? El PNUD está listo para apoyar al país en el proceso de discusión y análisis.
El autor es representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
